El acceso a internet se ha convertido en un vital mecanismo para los cubanos en medio de las crecientes dificultades económicas y los frecuentes apagones que afectan a la isla. En un contexto donde las limitaciones se agudizan, la decisión de Etecsa, la empresa estatal de telecomunicaciones, de limitar las recargas mensuales a un máximo de 360 CUP—equivalente a aproximadamente 15 dólares—ha generado un gran descontento entre la población. Más allá de este límite, los usuarios se ven obligados a pagar precios exorbitantes, como 3.360 CUP por 3 GB adicionales, una suma que supera el salario promedio de un trabajador estatal. Esta situación no solo ha dificultado la conexión a internet, sino que ha estrechado el acceso a información esencial y la comunicación con familiares que viven en el extranjero, incrementando la sensación de aislamiento de los cubanos.
La testimonianza de jóvenes cubanos refleja el impacto directo de las nuevas tarifas de Etecsa. Una joven contactada por BBC Mundo expresó que 3.360 CUP se asemeja a un salario mensual, haciendo casi imposible que cualquier trabajador pueda costear la recarga necesaria para mantenerse conectado. Este descontento también resuena en el ámbito laboral y educativo, donde el uso de aplicaciones de mensajería como WhatsApp se ha vuelto indispensable para la comunicación efectiva en un contexto de crisis. Para muchos, la limitación impuesta por Etecsa representa un obstáculo tangible para el acceso a datos vitales, afectando su capacidad de trabajo, estudio e interacción social, y exacerbando una crisis ya de por sí insostenible.
La reacción a estos aumentos tarifarios ha sido masiva, inundando las redes sociales con críticas y planteamientos de descontento. A pesar de la censura y el control gubernamental sobre los medios, los cubanos han utilizado plataformas como Cubadebate para expresar su indignación. Comentarios de individuos leales al Partido Comunista también han cuestionado las decisiones comerciales del monopolio estatal. Por ejemplo, la implementación de precios que crean una clara desigualdad social ha llevado a muchos a reflexionar sobre la efectividad del modelo económico actual, resaltando la necesidad de una crítica constructiva y la urgencia de cambios en pro de una inclusión equitativa.
Pese a que las autoridades cubanas intentan justificar el aumento de tarifas como resultado de la crisis económica y la caída en ingresos, muchos cubanos no ven en esta explicación más que un intento de reducir la presión sobre el gobierno. Según la presidenta de Etecsa, las pérdidas significativas en ingresos han hecho que se limiten los servicios, sin embargo, la percepción general es que estas decisiones están más alineadas con una gestión ineficaz que con las sanciones externas que se han mencionado repetidamente. El acceso a internet es visto como un salvavidas ante la crisis cotidiana; sin embargo, el costo de acceder a él ahora es un impedimento para un gran número de cubanos.
En respuesta a la creciente ola de descontento, el presidente Miguel Díaz-Canel reconoció el malestar en la población ante lo que se ha denominado el «tarifazo». Aunque ha defendido la decisión como inevitable ante las condiciones actuales impuestas por el embargo de Estados Unidos, también se siente la presión de una ciudadanía que demanda medidas más justas y efectivas. La discusión abierta sobre estas tarifas revela un cambio en la narrativa cubana, donde la posibilidad de expresar críticas a las estructuras existentes sin temor creciente a represalias podría marcar un punto de inflexión en la relación entre el gobierno y sus ciudadanos. La situación actual pone de manifiesto la necesidad de una revisión integral de políticas que afectan la vida cotidiana de los cubanos, así como un diálogo más abierto y receptivo entre las autoridades y la población.
