El abogado constitucionalista Enrique Anaya fue arrestado este sábado en su residencia en Santa Tecla, El Salvador, bajo la acusación de lavado de dinero y activos. La Fiscalía General del país ofreció la información, indicando que Anaya será presentado ante los tribunales correspondientes en los próximos días. Este arresto se ha producido en medio de un clima de creciente temor y represión hacia quienes critican al gobierno del presidente Nayib Bukele, a quien Anaya ha señalado en varias ocasiones como un dictador, un calificativo que ha utilizado en su crítica abierta a las políticas del mandatario.
La detención de Anaya se suma a una serie de arrestos de voces disidentes, entre los cuales destaca el caso de Ruth López, jefa de la Unidad Anticorrupción y Justicia de Cristosal, capturada el pasado 18 de mayo. Anaya había hecho previamente afirmaciones sobre irregularidades tanto en su detención como en el proceso judicial que mantiene a López tras las rejas. Esta acumulación de arrestos ha despertado alarmas entre los grupos defensores de los derechos humanos, quienes ven en estas acciones una clara estrategia de represalia por la defensa de los derechos fundamentales en un país afectado por la violencia y la corrupción.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha expresado su profunda preocupación por estas detenciones de personas comprometidas con la defensa de los derechos humanos, señalando que son parte de un patrón de intimidación hacia aquellos que se oponen al gobierno de Bukele. En sus declaraciones, la CIDH mencionó no solo el caso de Anaya y López, sino también de otros activistas como José Ángel Pérez y Alejandro Henríquez, quienes fueron arrestados en circunstancias cuestionables. La CIDH advirtió que tales acciones podrían constituir represalias por el trabajo realizado por defensores de derechos en un contexto de estado de excepción que permite al gobierno el uso de medidas excepcionales.
Anaya ha sido un crítico feroz de la intención de reelección de Bukele, argumentando que su candidatura es inconstitucional y aludiendo a múltiples artículos que prohíben la reelección inmediata de un presidente. En entrevistas, Anaya ha sostenido que el permiso solicitado por Bukele para separarse del cargo es, en esencia, un intento de fraude a la Constitución. Sus intervenciones han generado un fuerte eco en la opinión pública y en los círculos políticos, dado que Bukele ha tratado de utilizar la interpretación de la Corte Suprema para legitimar su postulación, lo que ha sido visto por muchos como una acción autoritaria.
Las respuestas de Bukele a estas críticas han sido despectivas, minimizando a los detractores al afirmar que le importan poco las acusaciones de dictadura. Sin embargo, su administración ha sido objeto de numerosas críticas por las condiciones de detención en las megacárceles y por la política de mano dura implementada contra las pandillas. Dicha estrategia ha llevado a una severa restricción de derechos en un contexto donde miles de detenidos enfrentan acusaciones de delincuencia, generando un ambiente de desconfianza hacia el gobierno y su manejo de la justicia. La situación actual plantea serias preocupaciones sobre el estado de derecho y el respeto a las libertades fundamentales en El Salvador.
