Una investigación exhaustiva realizada por la Fundación Terram y liderada por Maximiliano Bazán, ha revelado en dos reportajes publicados en CIPER Chile, cómo los gobiernos de Sebastián Piñera y Gabriel Boric han favorecido a la empresa salmonera Australis Seafood en detrimento del medio ambiente. Según se expone, Australis cometió múltiples infracciones ambientales que fueron ignoradas por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), a pesar de las denuncias presentadas por el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca). Estas prácticas incluyen la obtención de concesiones irregulares en áreas protegidas, un hecho que pone en evidencia la falta de regulación y la connivencia entre el sector público y privado.
Durante el segundo mandato de Sebastián Piñera, Australis logró obtener cinco concesiones en la Reserva Nacional Kawésqar en un tiempo récord de 52 días, mientras que otras empresas se veían obligadas a esperar hasta 1.384 días para recibir respuestas. Esta inequidad en el trato pone de manifiesto un claro favoritismo hacia Australis, que logró dichas concesiones tras un acuerdo mediado por la Subsecretaría de Pesca, aunque se tratara de un área protegida que debía contar con evaluaciones rigurosas y la participación de la comunidad. A pesar de las irregularidades, los procedimientos fueron aprobados sin cuestionamientos significativos por parte de las autoridades.
El análisis de Bazán también destaca la problemática de la sobreproducción de salmones, que ha sido un asunto recurrente desde 2013 hasta 2023. Se han documentado 30 casos de sobreproducción que no recibieron sanción alguna: 21 bajo la administración de Piñera, 7 durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet y 2 con Gabriel Boric. La SMA, bajo la dirección de Cristóbal de la Maza, habría adoptado una «decisión política de frenar sanciones», lo que resultó en ganancias millonarias para la empresa. La autodenuncia de Australis en el 2022 por 48 casos de sobreproducción plantea serias dudas sobre la transparencia y el compromiso de las autoridades con la protección medioambiental, dado que muchos de estos casos ya tenían denuncias previas.
En adición a las irregularidades mencionadas, la investigación revela un mecanismo de compensaciones ficticias diseñado por Australis para eludir sanciones. Por ejemplo, la empresa aprobó compensar excesos de producción en centros que nunca llegaron a operar. Esto resalta un patrón de comportamiento que prioriza las ganancias sobre la integridad ambiental, ya que eludieron multas y clausuras en operaciones que claramente superaban sus límites de producción permitidos. Esta práctica, que ha sido calificada como un «negocio redondo», pone en tela de juicio la efectividad de la regulación ambiental en la industria salmonera.
Finalmente, la investigación también examina la situación de las concesiones de Australis, donde se constata que 30 de las 96 concesiones jamás produjeron salmones ni generaron empleo, manteniéndose como activos financieros. La Subsecretaría para las Fuerzas Armadas (SSFFAA) ha permitido mantener estas concesiones vigentes bajo una justificación de «fuerza mayor» durante la pandemia, a pesar de que la industria operó normalmente. Con 26 nuevas concesiones en trámite, muchas en reservas nacionales, Bazán exige una auditoría rigurosa y la imposición de sanciones a los funcionarios que han facilitado esta situación, argumentando que estas concesiones son especulativas y perjudiciales para el interés público.
