La defensa de Rubén Cheuquepan Cheuquepan, un werken mapuche de 24 años, sostiene que el proceso judicial en su contra por un ataque incendiario se encuentra marcado por un sesgo inaceptable debido a sus orígenes étnicos. Cheuquepan, que lleva casi 10 meses en prisión preventiva, ha sido acusado de ser uno de los autores de un ataque que dejó severos daños a propiedades de un vecino en Curacautín. La Corte Suprema de Chile, en una reciente decisión, rechazó un tercer recurso de amparo presentado por su abogado defensor, Marco Oñate Escobar, aumentando así las tensiones en torno a un caso que ha suscitado fuertes críticas y preocupaciones sobre la legalidad del procedimiento judicial.
El abogado Oñate ha argumentado que la investigación de la Fiscalía de Alta Complejidad de La Araucanía carece de pruebas directas y se basa predominantemente en la declaración de un testigo protegido, que es, curiosamente, el hermano del afectado por el ataque. Según la defensa, la acusación presenta notables irregularidades que revelan un tratamiento discriminatorio hacia Cheuquepan, quien hasta la fecha no tenía antecedentes penales. A pesar de ello, el joven ha sido identificado como el principal sospechoso del ataque que se produjo en febrero de 2023, un episodio que alteró significativamente la vida de la comunidad Quilape López, donde Rubén ejerce su labor de liderazgo.
La defensa sostiene que el joven se encontraba en una reunión familiar al momento del ataque y cuenta con múltiples testigos que corroboran su coartada. Sin embargo, estos testimonios no han impedido que el tribunal adjudique a Cheuquepan una prisión preventiva, una decisión que resalta el enfoque de la fiscalía hacia el procesamiento de un líder mapuche, situación que ha incrementado las dudas sobre la imparcialidad del proceso. Oñate ha expresado que la indagación ha puesto en evidencia la falta de participación de su cliente en el ataque, lo que refuerza la percepción de que se ha construido un caso con bases muy endebles.
El conflicto territorial entre la comunidad de Cheuquepan y el vecino implicado, Félix Molina Burgos, también ha sido mencionado por la defensa como un factor que complica la situación. De acuerdo con Oñate, los Molina son identificados como latifundistas que ocupan de manera ilegítima tierras históricas de la comunidad mapuche, lo que podría haber motivado una respuesta desproporcionada por parte de las autoridades en el caso de Rubén. Este contexto ha llevado a Oñate a postular que el proceso judicial no solo es una cuestión legal, sino que también se ha convertido en una lucha por el reconocimiento de derechos culturales y territoriales ancestrales.
A pesar de que hoy existen antecedentes de irregularidades en el manejo del caso, como intentos de imputar cargos sin base legal y la negativa inicial a permitir que Cheuquepan declare en presencial, la situación no parece mejorar. Oñate concluye que las victorias en el ámbito judicial no han tenido repercusiones positivas en la situación de su defendido, quien sigue enfrentando condiciones de prisión preventiva. Al comparar este caso con el tratamiento otorgado a figuras públicas, el abogado crítica el estigma racial que, según su perspectiva, subyace en el rechazo sistemático de la defensa, lo que perpetúa las injusticias y las desigualdades en el sistema judicial chileno.
