La reciente consulta impulsada por el gobierno de Gabriel Boric sobre las propuestas de la Comisión Presidencial para la Paz y Entendimiento ha suscitado un fuerte rechazo entre las comunidades mapuche. La consulta, anunciada para iniciar en agosto de 2025, ha sido calificada como un fracaso que desvirtúa la dignidad de un pueblo que busca el reconocimiento y la restitución de sus derechos territoriales. En este contexto, el periodista Andrés Figueroa Cornejo ha destacado que el propósito de la comisión está fracasando estrepitosamente, evidenciando la falta de sensibilidad y atención del gobierno hacia las demandas históricas del pueblo mapuche.
Francisco Vera Millaquen, werken de la comunidad Pepiukelen de Pargua, ha denunciado que esta consulta se presenta como un mero formalismo que encubre un proceso de despojo territorial. Recordó el Tratado de Tapihue de 1825, que reconoció la soberanía mapuche, y cuestionó cómo a pesar de la historia de invasión y violencia, el Estado chileno apenas ha restituido un mínimo porcentaje del territorio perdido. Vera Millaquen expuso que, de las diez millones de hectáreas arrebatadas, solo se han retornado 700 mil, lo que pone de manifiesto la desigualdad persistente en la gestión de los derechos territoriales mapuche.
El werken de Pikvun Mapu, Sergio Santos Millalen, ha señalado que la consulta no solo vulnera el Convenio 169 de la OIT, sino que también excluye a gran parte del pueblo mapuche, limitando la participación a solo una parte de ellos. Su denuncia se suma a la creciente preocupación de las comunidades por el carácter excluyente y confuso del proceso, lo que ha llevado a algunos a presentar recursos de protección para salvaguardar sus derechos. Millalen enfatizó que el territorio ancestral está lejos de ser un objeto de comercialización, siendo un elemento fundamental de identidad y resistencia cultural.
Las comunidades de La Araucanía han alertado que la propuesta del gobierno representa una intención de establecer una ‘ley de punto final’ en la restitución de tierras, lo que podría facilitar la privatización y explotación de territorios mapuche por intereses externos. Esta preocupación fue respaldada por diversas voces del territorio, que critican que el nuevo sistema permitirá el ingreso de proyectos extractivistas, invadiendo y dañando el entorno mapuche. Estas acciones son vistas como un riesgo inminente para la preservación de la cultura y las tierras ancestrales, que podrían convertirse en mero negocio.
El análisis realizado por la Coordinación Territorial Mapuche Wallmapu sostiene que el Gobierno de Boric ha fracasado en establecer una agenda clara para abordar la compleja relación con las comunidades mapuche. La falta de diálogo genuino y el enfoque en la gobernabilidad por sobre la justicia han llevado a decisiones que podrían desgastar aún más la relación entre el Estado y el pueblo mapuche. Según el historiador Pedro Marimán, la consulta no busca resolver la deuda histórica, sino más bien clausurarla, infravalorando los derechos y demandas legítimas de las comunidades. En este sentido, la propuesta se presenta no como una oportunidad de sanación, sino como un intento de cerrar el capítulo sobre la cuestión territorial de manera definitiva.
