La concejala de Lo Barnechea, Carmen McIntyre, se encuentra actualmente enfrentando un juicio debido a una demanda interpuesta por la AFP Modelo, quien la acusa de no cumplir con las obligaciones previsionales de su ex «asesora del hogar». Según documentos obtenidos por El Ciudadano, la deuda que enfrenta la funcionaria asciende a un total de 471.459 pesos, correspondientes a cotizaciones no pagadas durante varios meses entre los años 2019 y 2021. Esta situación pone en evidencia una falta de cumplimiento por parte de McIntyre respecto a las responsabilidades que asumen aquellos que contratan trabajadores domésticos, un tema que ha cobrado relevancia en el ámbito del empleo en Chile.
Además del monto original de la deuda, la AFP Modelo ha solicitado sumar reajustes, intereses, y recargos al total, lo que podría aumentar significativamente la cantidad que McIntyre deberá pagar. Para garantizar el cobro de esta deuda, el abogado representante de la AFP ha pedido al tribunal que ordene el embargo de bienes de la concejala, lo que podría incluir propiedades, bienes muebles, y cualquier cantidad de dinero que posea en cuentas bancarias. Este procedimiento pone de manifiesto las serias implicaciones legales que pueden surgir al no cumplir con las obligaciones laborales y previsionales.
En un esfuerzo por asegurar que la deuda sea saldada, el abogado de la AFP también solicitó que McIntyre sea designada como «depositaria» de los bienes embargados. Esto implica que la concejala tendría la responsabilidad de cuidar y proteger esos bienes hasta que se resuelva la situación de la deuda. Asimismo, se pidió que cualquier monto a favor que McIntyre reciba por concepto de devolución de impuestos a la renta sea retenido por la Tesorería General de la República, lo que supondría que podría perder cualquier saldo a favor para satisfacer su deuda con la AFP.
El caso de Carmen McIntyre resalta la importancia del cumplimiento de las obligaciones previsionales en el sector de los empleadores, especialmente en un contexto donde los derechos de los trabajadores deben ser defendidos y respetados. La deuda muestra cómo la falta de pago de las previsiones puede afectar no solo la estabilidad financiera de los trabajadores, sino también cuestionar la ética de quienes ocupan cargos públicos en el país.
Finalmente, la situación de la concejala de Lo Barnechea plantea un dilema respecto a la coherencia del sector político, que proclama la defensa del orden y la ley como uno de sus pilares. La incapacidad de cumplir con las obligaciones laborales plantea serias preguntas sobre la integridad de los funcionarios públicos y su compromiso con la justicia social, un tema que no solo debería preocupar a los votantes, sino que también debería ser un llamado a la reflexión sobre cómo se manejan las relaciones laborales en el contexto chileno.
