El pasado miércoles 27 de agosto, un grupo de concejales de La Florida, compuesto por Reinaldo Rosales, José Seves, Victoria Oyarzún y Lía Gálvez, formalizó ante la Contraloría General de la República una solicitud de pronunciamiento sobre la legalidad de la contratación directa de una consultora para diseñar el nuevo Edificio Consistorial de la comuna. Esta acción surge en medio de la preocupación por la ausencia de un proceso de licitación pública en un contrato que supera los 238 millones de pesos, y que, a ojos de los concejales, merece una revisión exhaustiva por parte de un organismo externo para asegurar la correcta utilización de los recursos municipales.
El concejal Reinaldo Rosales subrayó la importancia de esta intervención, explicando que la contratación se realizó sin pasar por el proceso de licitación habitual, lo que suscita interrogantes sobre su legalidad. La propuesta del nuevo Edificio Consistorial ha sido presentada por la municipalidad como una mejora crucial para la calidad de vida de los vecinos y su interacción con el gobierno local. Rosales enfatizó la necesidad de asegurar que el contrato se ajuste a la normativa vigente, un paso esencial para fomentar la transparencia en el uso de los fondos públicos por parte del municipio.
En un diálogo con El Ciudadano, el concejal José Seves contextualizó esta solicitud dentro de una larga historia de problemas financieros en la comuna, afirmando que La Florida gasta más de 100 millones de pesos mensuales en arriendos y otros gastos asociados a la dispersión de la administración municipal. Seves atribuyó esta situación a decisiones pasadas perjudiciales, como la venta de terrenos municipales en una administración anterior, indicando que los concejales no permitirán que se repita dicha historia. Su compromiso es avanzar en la construcción del Consistorial, pero siempre desde la transparencia y la responsabilidad en la gestión de recursos.
Victoria Oyarzún, concejala del Partido Comunista, también se pronunció en redes sociales sobre la acción llevada a cabo, confirmando su visita a la Contraloría para dejar el oficio solicitando un pronunciamiento jurídico sobre el acuerdo que aprobó el Concejo Municipal el 14 de agosto. Esta acción se configura como un intento de precipitar una revisión objetiva e independiente sobre la legalidad del contrato, evitando posibles conflictos de interés que puedan surgir en el manejo de recursos públicos.
Por su parte, Lía Galvéz, concejala del Frente Amplio, reconoció la importancia del Edificio Consistorial para la comunidad pero manifestando su preocupación por la forma en que se adjudica el proyecto. Galvéz aseguró que la presentación del oficio ante la Contraloría busca garantizar que el trato directo para el contrato se justifique adecuadamente, reflejando la demanda de la comunidad por un proceso que sea transparente y que cumpla con las normativas legales. La acción conjunta de los concejales de La Florida no solo busca claridad en esta situación, sino que también sirve como un recordatorio a la administración local sobre la vital necesidad de rendir cuentas en todos los procesos que involucran el gasto de recursos públicos.
