En un acto de firme rechazo, una amplia coalición de organizaciones de derechos humanos y senadores ha levantado la voz contra un proyecto de ley que busca otorgar amnistía a los agentes del Estado por las violaciones de derechos humanos cometidas durante el estallido social entre 2019 y 2021. La iniciativa, conocida como Boletín N° 17.784-07, es considerada por los firmantes como un intento de institucionalizar la impunidad, lo que podría llevar a una vergonzosa falta de rendición de cuentas. La defensa de los derechos humanos en Chile exige, en medio de este debate, adherirse a los estándares internacionales y a la propia Constitución, la cual demanda un respeto absoluto por los tratados en materia de derechos humanos.
Las organizaciones de derechos humanos han denunciado que, a más de cinco años del estallido social, la impunidad persiste de forma alarmante. Con miles de causas abiertas y más de 3,000 querellas presentadas por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), la situación en el país se torna preocupante. Más de 400 personas reportan haber sufrido daños oculares como consecuencia de la represión estatal, lo que subraya la alegada falta de responsabilidad en un contexto donde las condenas son excepcionales y escasas. Esta situación pone de manifiesto un patrón sistemático de abuso, lejos de ser calificado como incidentes aislados.
Frente a este panorama desolador, las organizaciones han propuesto una alternativa: la creación de un Informe Nacional de Verdad y Violencia Institucional para investigar las violaciones ocurridas durante los años críticos de 2019 a 2021. Este organismo independiente se encargaría de establecer un registro unificado de víctimas, identificar patrones de actuación y las respectivas cadenas de mando, así como emitir recomendaciones que promuevan una persecución penal efectiva. El objetivo de esta propuesta es no solo hacer justicia, sino también asegurar una reparación integral para las víctimas y crear garantías que impidan la repetición de tales actos en el futuro.
El mensaje enviado al Senado no deja lugar a dudas; se insta a los legisladores a paralizar lo que sería un proyecto desastroso que contraviene las obligaciones internacionales del país. Además, se pide al Gobierno que respalde el mencionado informe, necesario para restablecer la confianza pública y asegurar que la historia reciente de Chile sea reconocida y rectificada. La denuncia pública de estos derechos vulnerados se convierte en una especie de llamado a la responsabilidad y al compromiso verdadero con los ideales democráticos.
En última instancia, el poder de la memoria colectiva se convierte en un elemento crucial en esta lucha. La democracia no puede construirse sobre el olvido ni sobre la impunidad, afirman las organizaciones en su declaración. Sin verdad, no hay justicia; sin justicia, no hay reparación; y sin memoria, no se pueden garantizar que no se repitan abusos similares. Estos principios son fundamentales en la búsqueda de un futuro donde los derechos humanos prevalezcan y las lecciones del pasado se aprendan con responsabilidad.
