La funcionaria del Juzgado de Loncoche, identificada con las iniciales M. A. V., ha recibido una suspensión de cuatro meses, durante los cuales se le otorgará medio sueldo, tras ser objeto de acusaciones de difusión de contenido sexual en redes sociales. En una declaración a los medios, la funcionaria rechazó las acusaciones y anunció su intención de apelar la decisión de la Corte de Apelaciones de Temuco, que tomó la medida tras una investigación. M. A. V. considera que en el proceso se omitieron pruebas relevantes que podrían haber cambiado el rumbo del caso.
En una entrevista con BioBioChile, M. A. V. defendió su trayectoria profesional, afirmando: «Yo amo mi trabajo. Jamás me he prostituido, ni con adultos y menos con menores de edad». La funcionaria enfatizó que no existen causas penales en su contra relacionadas con los graves delitos de los que se le acusa. Además, expresó su indignación por lo que considera un ataque deliberado a su reputación, alegando que su honra ha sido manchada injustamente.
M. A. V. también reveló que existen otras aristas penales en el caso que, según ella, no han sido suficientemente investigadas por las autoridades judiciales. «Me quieren silenciar. Hay relaciones secretas, brujerías, abortos y de eso no se pronuncian en ninguna instancia. Hice las denuncias correspondientes», aseguró, dejando entrever que las circunstancias del caso son más complejas de lo que se ha informado hasta ahora.
A pesar de las numerosas acusaciones que enfrenta, M. A. V. reiteró su inocencia y manifestó su confianza en que la justicia le brindará la oportunidad de demostrarla. La conmoción en el entorno judicial ha sido palpable, dado el impacto que este caso ha tenido en la dignidad y prestigio del Poder Judicial. La suspensión de la funcionaria se produce en un contexto en el que se cuestionan seriamente los límites de la conducta profesional y la importancia de mantener la imagen del organismo judicial.
La Corte de Apelaciones de Temuco, al evaluar la situación, determinó que la utilización de espacios institucionales para fines de carácter sexual demuestra un uso indebido de recursos públicos y una falta de lealtad al cargo. Ante esta grave acusación, el tribunal no sólo impuso la suspensión, sino que también ordenó la apertura de un cuaderno de remoción, lo que plantea un futuro incierto para M. A. V. y destaca la necesidad de una revisión rigurosa sobre la conducta de los funcionarios públicos en todo el país.
