El 1 de septiembre estaba programado para ser una fecha crucial en la justicia chilena, con el inicio del juicio anticipado contra Francisco Sánchez, exintendente de la Región de Atacama, y su colaborador Rodrigo Albornoz. Ambos enfrentan acusaciones de haber ideado un esquema fraudulento que estafó reiteradamente a la empresa Atacama Kozan durante el periodo en que Sánchez ocupaba un alto cargo ejecutivo. Sin embargo, la situación dio un giro inesperado cuando el abogado de Albornoz, Patricio Pinto Castro, presentó una licencia médica el día anterior, alegando la necesidad de reprogramar el juicio por su delicada salud. El Tribunal Oral en lo Penal de Copiapó accedió a la solicitud, fijando una nueva fecha para el juicio el 13 de octubre de 2026, lo que representa un significativo retraso, dado que inicialmente iba a comenzar solo un año antes.
Particularmente inquietante es el hecho de que la licencia médica presentada por Pinto Castro indicaba un periodo de reposo de 20 días, hasta el 20 de septiembre. No obstante, se reportó que el 10 de septiembre, apenas días después de solicitar la postergación, el abogado compareció en perfectas condiciones ante un juzgado de garantía de Copiapó. En esa audiencia, se discutió la formalización de otro caso vinculado a irregularidades en una fundación. Esto ha sembrado dudas sobre la veracidad de su estado de salud y ha llevado a especular que la estrategia de postergar el juicio podría formar parte de un esquema más amplio para evitar el escrutinio público en relación a las actividades del exintendente, especialmente con el contexto electoral que se avecina.
La investigación que rodea a la Fundación Comprometidos, en la que se presume un manejo irregular de fondos públicos por un monto cercano a 600 millones de pesos, ha desencadenado una serie de complicaciones legales. Este caso, que incluye delitos de cohecho y fraude al fisco, se ha visto envuelto en un manto de impunidad debido a decisiones previas de la fiscalía, que, en un momento, optó por no procesar a los implicados. Sin embargo, tras la presión social y suficiente evidencia, se permitió que los querellantes llevaran el caso a juicio sin el apoyo del Ministerio Público. La situación ha mantenido cauto al público, que observa cómo las decisiones políticas y judiciales parecen entrelazarse en un contexto donde los intereses parecen prevalecer sobre la justicia.
La figura del senador Rafael Prohens, aliado cercano de Sánchez que busca la reelección, añade otra capa de complejidad a la situación. Con él listado como testigo en el juicio antedicho, su interposición podría influenciar el desarrollo del caso. Además, se ha señalado que figuras clave, como el exfiscal Alexis Rogat, quien inicialmente dejó de lado el caso, han continuado sus vínculos con abogados involucrados en otros pleitos en la región, lo que ha generado aún más suspicacias. Esta red de conexiones entre el ámbito político y judicial en Atacama ha levantado la voz de quienes claman por mayor transparencia y responsabilidad en el tratamiento de casos que involucran corrupción y mal manejo de fondos públicos.
Por si fuera poco, la nominación de jueces para el caso de Sánchez ha suscitado preocupaciones sobre los posibles conflictos de interés. La inclusión de la jueza Lorena Rojo, hermana de la exalcaldesa condenada por fraude, ha intensificado las críticas hacia el proceso judicial en curso. Con antecedentes de favoritismo y decisiones controvertidas, el sistema judicial se enfrenta a un escrutinio intensificado que demandará rendición de cuentas. Mientras tanto, el pueblo chileno sigue atento, preguntándose cuántas más serán las demoras y desviaciones en un proceso que, de seguir así, parece destinado a diluirse en la impunidad.
