La Municipalidad de Buin se ha visto envuelta en una controversia significativa tras el anuncio de una licitación para un árbol de Navidad que costaría 76 millones y medio de pesos, considerado el más caro de Chile. Esta decisión del Concejo Municipal fue aprobada gracias al voto decisivo del alcalde Miguel Araya, y desató una ola de críticas desde la comunidad, así como preocupación por el uso de recursos públicos en tiempos de crisis. En respuesta a la escalada de críticas, incluida una denuncia formal presentada ante la Contraloría General por la diputada Camila Musante, la municipalidad se vio forzada a dar marcha atrás en su decisión.
La diputada Musante, quien lideró la oposición al proyecto, no dudó en calificar de extravagante el gasto destinado al árbol de Navidad. Haciendo referencia a la antigua alcaldesa Cathy Barriga, conocida por sus polémicas decisiones presupuestarias, Musante proclamó que el costo del árbol debería haber estado destinado a mejoras en la infraestructura de la ciudad, como reparar los baches de las calles. La ironía de su afirmación no pasó desapercibida y resonó entre los residentes de Buin, quienes instaron a sus autoridades a priorizar necesidades más urgentes.
Asimismo, la concejala Tamara Aguilera Cartagena también mostró su descontento al compartir en redes sociales un reportaje que destacaba la ostentación del municipio al elegir un árbol de tales dimensiones financieras. Mientras los vecinos se organizaban y se manifestaban contra el gasto excesivo, la adminstración Araya enfrentaba un creciente descontento por la falta de atención a otras áreas críticas, lo que llevó a exigir explicaciones sobre la gestión financiera que había estado repleta de denuncias por irregularidades.
Ante la creciente presión de los ciudadanos, Musante dejó claro que la fiscalización y la vigilancia sobre el uso de recursos públicos no se detendrán con la decisión de suspender la compra del árbol. Durante declaraciones públicas, enfatizó la importancia de dirigir el presupuesto hacia áreas como la salud, la educación y la seguridad, que son esenciales para el bienestar de la comunidad. La respuesta de las autoridades se convirtió en un símbolo de la capacidad de la ciudadanía para influenciar en las decisiones municipales.
A medida que la situación se desarrollaba, recordamos el discurso más amplio sobre la transparencia y la rendición de cuentas que debía prevalecer en la gestión pública. Este episodio puso de relieve el descontento generalizado con las prácticas de algunos funcionarios, incluyendo el alcalde Miguel Araya, que enfrenta acusaciones graves de irregularidades financieras. Mientras algunos lo ven como un candidato a la reelección, la ciudadanía permanece alerta y decidida a exigir cambios que beneficien a toda la comunidad, no solo a un pequeño grupo.
