El Gobierno de Javier Milei formalizó mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 697/2025 la llegada de efectivos militares de Estados Unidos a territorio argentino para dos ejercicios combinados, dentro del Plan Anual de Ejercicios de las Fuerzas Armadas. El decreto, firmado por el Presidente y todo su Gabinete y publicado en el Boletín Oficial, autoriza la realización de las operaciones y la presencia de personal extranjero para esos fines. El primer operativo, denominado Solidaridad, se llevará a cabo del 6 al 10 de octubre en Puerto Varas, Chile, orientado a la cooperación frente a catástrofes naturales, en base a un acuerdo bilateral de 1997. Paralelamente, el texto autoriza el despliegue de personal y medios militares argentinos entre el 5 y el 11 de octubre para respaldar las actividades.
El segundo ejercicio, bautizado Tridente, se desarrollará en territorio argentino entre el 20 de octubre y el 15 de noviembre, con epicentro en las bases navales de Mar del Plata, Ushuaia y Puerto Belgrano. Según el documento oficial, el objetivo es mejorar la interoperabilidad y fortalecer las capacidades nacionales en escenarios de crisis e incluirá operaciones combinadas de defensa naval y asistencia humanitaria con participación directa de tropas estadounidenses.
La medida ha generado polémica. BBC Mundo señala que la decisión se adoptó sin el aval del Congreso Nacional, mientras que Página 12 coincide en ese punto y afirma que el decreto viola la Constitución y las leyes vigentes, que exigen aprobación parlamentaria para la entrada y salida de tropas. Ambas fuentes destacan el uso de un instrumento administrativo para una decisión que, por ley, requiere autorización legislativa.
El contexto político no está exento de controversia. Página 12 vincula la decisión con las negociaciones con el Tesoro norteamericano y un supuesto intento de obtener un salvataje financiero, señalando que la medida levantó suspicacias. Además, el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, ha expresado fuerte oposición al despliegue, afirmando que se continúa entregando soberanía a Estados Unidos, socio estratégico de Gran Bretaña. Según la versión oficial, ambas maniobras habían sido contempladas en un proyecto de ley remitido al Congreso Nacional, pero la iniciativa no fue tratada, lo que motivó la emisión del DNU para habilitar los ejercicios en los plazos previstos, generando un intenso debate entre la necesidad operativa y los procedimientos constitucionales.
De cara al futuro, el Gobierno sostiene que los ejercicios buscan ampliar la interoperabilidad y fortalecer capacidades ante crisis regionales, mientras la oposición y analistas advierten sobre el uso de un decreto de necesidad y urgencia para acciones de asesoramiento militar internacional. Se espera que el Congreso examine la situación y que se aclaren los límites de la cooperación con fuerzas extranjeras, a la luz de las críticas sobre soberanía y cumplimiento constitucional.
