El reciente retorno del pinochetismo al poder en Chile ha generado un intenso debate sobre las raíces y consecuencias de este fenómeno, que culminó con la elección de José Antonio Kast el 14 de diciembre de 2025. Este acontecimiento no puede considerarse aislado, sino que representa un punto crítico dentro de un proceso de seis años que comenzó con el estallido social de 2019. Durante este tiempo, Chile vivió una agitación política sin precedentes, marcada por la búsqueda de una nueva Constitución y un anhelo de cambio social. Sin embargo, la esperanza inicial se transformó en desesperanza, llevada a cabo por dinámicas políticas y fracasos significativos, como el rechazo aplastante del nuevo texto constitucional en septiembre de 2022, que se interpretó como una derrota histórica para el progresismo en el país.
El gobierno de Gabriel Boric (2022-2026), que se había presentado como una respuesta a las demandas del estallido, terminó siendo objeto de críticas por otorgar concesiones a sectores de la derecha, lo que debilitó su propia coalición y fortaleció a la oposición. Desde el principio, las decisiones del gobierno, como la aprobación del Tratado Transpacífico y la colaboración con intereses económicos cercanos a figuras del pasado dictatorial, generaron desconfianza entre sus seguidores. La percepción de que Boric había fracasado al no abordar debidamente temas cruciales como la violencia y el crimen organizado, que fueron capitalizados por la derecha, dejó al progresismo en una posición vulnerable y expuesta a un reflujo del autoritarismo.
Analistas políticos y académicos han señalado a Gabriel Boric como uno de los principales responsables de este giro hacia la derecha. Lautaro Rivara, sociólogo y escritor, señaló que el diálogo fallido del Acuerdo por la Paz y los resultados adversos de la votación de salida estaban intrínsecamente ligados a la gestión de Boric. La expectativa que había nacido del estallido social se vio reemplazada por un contexto politizado donde el líder de la izquierda se convirtió en el blanco perfecto para un ataque sistemático que buscaba desacreditar la posibilidad de transformación genuina. Esta manipulación de la narrativa política llevó a que una parte del electorado, frustrada y desilusionada, optara por un candidato como Kast, cuyas raíces nazis y admiración por la dictadura marcaron la pauta de su campaña.
La incapacidad del gobierno de Boric para manejar la creciente ola de criminalidad y conflictos sociales, especialmente en relación a la comunidad mapuche, fue otra pieza clave en este engranaje. Las iniciativas para abordar la crisis de seguridad, y los fracasos en las negociaciones con comunidades históricamente marginadas, sirvieron para unir a los sectores de la derecha en torno a una narrativa de mano dura que resonaba con un electorado cansado de la ineficacia. Así, Kast capitalizó la situación y propuso una solución autoritaria a crisis que, en teoría, requerían un enfoque colaborativo y una visión inclusiva, dejándole el camino expedito hacia La Moneda.
Con la llegada de José Antonio Kast al poder, se manifiesta una ruptura radical del ciclo político en Chile, poniendo en entredicho las promesas de cambio y progreso que brotaron del estallido social. El legado del gobierno de Boric, marcado por numerosas deficiencias en áreas clave como la economía, el medio ambiente y los derechos sociales, culmina en un debilitamiento del progresismo chileno, que ahora enfrenta un desafío monumental para reagruparse y replantear su agenda. La historia reciente recuerda cómo los errores y las concesiones pueden abrir espacios insospechados para regímenes de carácter autoritario, un fenómeno que se confirma en el doloroso regreso de un pasado que muchos esperaban dejar atrás.
