La abogada Manuela Royo ha denunciado públicamente que su privacidad fue vulnerada en el marco de investigaciones judiciales en el Wallmapu, revelando serias preocupaciones sobre la vigilancia estatal. A través de sus redes sociales y en declaraciones a El Ciudadano, Royo informó que su teléfono personal fue intervenido ilegalmente por Carabineros de Chile en 2017, un hecho que ocurrió mientras se encontraba en pleno proceso de embarazo y desempeñaba su labor como defensora de comuneros mapuche. Este espionaje, según sostiene, se realizó sin su conocimiento acerca del tiempo que duró la intervención y bajo el amparo de la controvertida Ley de Inteligencia, en el contexto del Caso Huracán, donde la evidencia mostró la creación de pruebas falsas por parte de las fuerzas policiales.
Royo ha detallado que la Corte de Apelaciones de Temuco autorizó estas interceptaciones tras solicitudes específicas de la Unidad de Inteligencia de Carabineros, lo que no solo la afectó a ella, sino también a sus colegas en la defensa de derechos humanos, Karina Riquelme y Nelson Miranda. Esta práctica de vigilancia ha sido ampliamente criticada por sus implicaciones éticas y legales, exponiendo a los defensores de derechos humanos a una forma de control que atenta contra su labor fundamental. Durante los juicios en el caso Luchsinger-Mackay, Royo aseguró haber detectado la presencia de policías vigilando su domicilio particular, lo que agrava su preocupación por la seguridad de aquellos que defienden causas indígenas en la Araucanía.
«Lamentablemente, se vive una constante persecución contra quienes asumimos la defensa de derechos humanos aquí en el sur de Chile», afirmó Royo, enfatizando la naturaleza sistemática de estas vulneraciones. Para ella, estas intervenciones no solo constituyen un ataque personal, sino que también reflejan un patrón más amplio de hostigamiento hacia quienes se atrevan a cuestionar las acciones del Estado. Las implicaciones de este tipo de vigilancia no se limitan solamente al ámbito legal, sino que también afectan la confianza que la sociedad puede tener en la imparcialidad de los procesos judiciales, especialmente en contextos tan delicados.
En cuanto a las acciones legales que ha realizado, Royo confirmó la presentación de una querella ante los tribunales por estos hechos, sin embargo, lamentó que hasta la fecha no se haya visto un avance significativo en la investigación. Esta parálisis judicial demuestra, desde su perspectiva, una alarmante falta de protocolos estatales diseñados para proteger la labor de los abogados que trabajan en zonas de conflicto y que están expuestos a situaciones de alta tensión y escrutinio mediático. Esta situación deja entrever una debilidad en el sistema judicial que debería garantizar la protección de aquellos que defienden el estado de derecho.
Finalmente, Royo subrayó que la intervención ilegal de la privacidad por parte del Estado representa una carga desmedida para quienes están comprometidos con la defensa de los derechos humanos. Pese a ser consciente de los riesgos asociados a su rol, la abogada enfatizó que la normalización del espionaje y el hostigamiento hacia los profesionales legales no puede ser aceptada en una democracia. La defensa de los derechos humanos debe ser una causa protegida y promovida, en lugar de ser objeto de represión y vigilancia por parte de las instituciones del Estado, según lo manifestado por Royo.
