En un giro inesperado en el caso de corrupción que ha sacudido las estructuras del sistema penal chileno, la Gendarmería ha denunciado el uso indebido de dispositivos móviles para enviar mensajes de voz durante un proceso judicial. Este incidente tuvo lugar en la mañana del 22 de diciembre, justo antes del inicio de la cuarta jornada de formalización en el Centro de Justicia de Santiago. El abogado Gabriel Zambrano, quien defendía a Guillermo Veloso, fue interceptado tras ser señalado por una capitana de Gendarmería mientras realizaba esta actividad prohibida.
La detención de Zambrano se enmarca dentro de una investigación más amplia conocida como «Operación Apocalipsis», la cual busca desarticular una red de corrupción activa desde 2020 en las cárceles de Santiago 1 y San Joaquín. Según informes, el abogado utilizó un dispositivo móvil para enviar mensajes que violan los protocolos de seguridad, lo que resulta especialmente grave dado que es una práctica que se investiga en otros 47 gendarmes y 23 civiles. Este accionar pone en evidencia las vulnerabilidades existentes en el sistema carcelario chileno.
La noticia de la detención causó gran revuelo durante la audiencia, pues Zambrano pasó de ser un defensor a convertirse en un investigado por comprometer la seguridad del proceso. Esta situación llevó a otros abogados defensores a presentar un recurso de amparo, donde argumentan que las condiciones actuales impiden una adecuada comunicación y preparación de sus casos. Adicionalmente, destacaron que el número elevado de imputados limitaba el acceso efectivo y la escucha adecuada durante las sesiones judiciales.
La «Operación Apocalipsis» sigue adelante con un total de 62 personas en espera de medidas cautelares, bajo acusaciones que incluyen asociación criminal, cohecho y tráfico de drogas. Como consecuencia de la revelación de estos incidentes, el tribunal ha establecido un plazo de 300 días para continuar con las investigaciones, lo que refleja la seriedad del asunto y la necesidad de garantizar la integridad de los procedimientos legales.
Por su parte, el abogado Gabriel Zambrano, ahora enfrentando su propio proceso penal, deberá justificar sus acciones tras facilitar comunicaciones no aprobadas en un recinto judicial. Este caso no solo destaca la complicada red de corrupción dentro de las instituciones, sino también la necesidad urgente de reformar los mecanismos de control dentro de los centros de detención, a fin de evitar que situaciones como estas se repitan en el futuro.
