La Vicaría de la Solidaridad ha salido al paso de las afirmaciones vertidas por el diario El Mercurio, las cuales sugieren que dicha institución habría protegido al exagente de la DINA, Armando Fernández Larios. En un comunicado, la Vicaría sostiene que en realidad su labor ha sido visibilizar los crímenes de los agentes represivos, asistir a las víctimas y dejar una constancia histórica de la represión durante la dictadura de Augusto Pinochet. Este tipo de tergiversación no solo confunde a la opinión pública, sino que relativiza las responsabilidades de quienes cometieron violaciones a los derechos humanos, según la declaración de la Fundación de Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad.
En su aclaración, la Vicaría destaca que fue establecida en 1976 por el Cardenal Raúl Silva Henríquez en medio de un contexto de aguda crisis de derechos humanos. Su finalidad ha sido siempre defender a las víctimas de la represión y documentar abusos, además de llevar adelante acciones judiciales contra los organismos del Estado responsable, incluyendo la DINA. Desde sus inicios, la Vicaría se ha orientado a safeguarding the truth y la memoria histórica, brindando un apoyo invaluable a las víctimas, sin contribuciones a la protección de perpetradores.
Armando Fernández Larios, el exagente de la DINA mencionado, está vinculado a graves crímenes de lesa humanidad, incluyendo el asesinato del excanciller Orlando Letelier en un atentado con coche bomba en Washington D.C. en 1976. La figura de Fernández Larios es emblemática de un aparato represivo que, bajo la dictadura, llevó a cabo una serie de violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Su participación en la ‘Caravana de la Muerte’ y otros actos represivos han sido investigados y documentados a lo largo de los años.
Actualmente, Fernández Larios se encuentra detenido en Estados Unidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que ha clasificado su caso como parte de los individuos más peligrosos bajo el título de «lo peor de lo peor». Este arresto abre la posibilidad de un proceso de extradición a Chile para enfrentar los cargos que pesan sobre él, en un contexto donde la justicia aún busca cerrar las heridas de un pasado reciente lleno de sufrimiento. La decisión sobre su extradición puede ser un paso significativo en el camino hacia la justicia.
La respuesta de la Fundación Vicaría de la Solidaridad es un intento de restaurar la verdad histórica y proteger la memoria de aquellos que sufrieron bajo el régimen. Al desmentir categóricamente las acusaciones de El Mercurio, la Vicaría apela a la responsabilidad ética de los medios de comunicación en la representación de los hechos históricos, enfatizando que la distorsión de la memoria colectiva puede tener efectos devastadores en el reconocimiento y la reparación a las víctimas de la dictadura.
