El Colegio de Profesoras y Profesores de Chile ha convocado a una movilización nacional para los días lunes 30 y martes 31 de marzo, en respuesta al trágico asesinato de una inspectora en un establecimiento educacional en Calama. Este violento suceso, que ocurrió el pasado viernes, ha generado gran preocupación en la comunidad educativa, ya que una inspectora de 59 años perdió la vida tras ser atacada por un estudiante de cuarto medio que ingresó al Instituto Obispo Silva Lezaeta portando un arma blanca. Este lamentable incidente ha reavivado el debate sobre la seguridad en las escuelas, un tema que se ha vuelto cada vez más relevante en el contexto educativo del país.
Mario Aguilar, presidente del gremio, ha expresado la necesidad urgente de levantar la voz en contra de la violencia que afecta a los trabajadores de la educación. «Esto tiene que parar», enfatizó Aguilar, quien exigió garantías de seguridad para todos los involucrados en el entorno escolar. La decisión de movilizarse es un llamado a honrar la memoria de la funcionaria fallecida, pero también busca presionar por cambios estructurales que aseguren la integridad física de estudiantes y docentes en sus lugares de trabajo. La violencia no debe convertirse en una situación habitual dentro de las aulas, y es fundamental abordar este problema con seriedad y compromiso.
La magnitud de la tragedia ha llevado al Directorio Nacional del gremio a sumar su apoyo a las manifestaciones que ya se estaban llevando a cabo en comunas como Calama, San Pedro de Atacama y Tocopilla. La convocatoria a nivel nacional ha incluido un minuto de silencio al inicio de cada jornada escolar, en memoria de la inspectora asesinada, así como la petición de que los educadores vistan de negro como muestra de duelo. Además, se ha solicitado la instalación de globos negros en los frontis de las escuelas, simbolizando la tristeza y la necesidad de cambiar esta realidad violenta.
Aguilar ha reiterado que la solicitud de seguridad en los centros escolares no es un reclamo aislado, sino parte de un contexto más amplio que el gremio ha estado advirtiendo desde hace tiempo. Con el respaldo de la comunidad educativa, se espera que estos dos días de movilización generen un impacto significativo y que se traduzcan en políticas concretas que garanticen la convivencia pacífica y la protección integral de los estudiantes y docentes en todo el país. La delegación de educadores espera que el gobierno tome medidas efectivas y responsables, especialmente tras la visita de las ministras de Educación y Seguridad a la región.
El crimen en Calama ha puesto de manifiesto la urgente necesidad de repensar los protocolos de protección y convivencia escolar a nivel nacional. Los dos días de movilización no solo son un homenaje a la inspectora fallecida, sino también un llamado a la acción para prevenir que tragedias como esta se repitan en otros rincones de Chile. Es esencial establecer un diálogo constructivo entre el gremio y el gobierno, con el fin de diseñar estrategias que aborden la violencia escolar de manera integral y efectiva, asegurando así que todos los miembros de la comunidad educativa puedan desenvolverse en un ambiente seguro y propicio para el aprendizaje.
