La reciente decisión del Ministerio de Desarrollo Social y Familia ha paralizado la implementación de la Ley 21.760, una reforma que tardó 12 años en debatirse y aprobarse en el Congreso. Este lunes, se oficializó el retiro del decreto reglamentario de dicha ley ante la Contraloría General de la República, suspendiendo indefinidamente la norma que estaba prevista para entrar en vigencia a mediados de 2025. La paralización de este proceso deja a las nuevas regulaciones en un limbo jurídico, afectando a miles de familias y niños que esperaban que la ley reformara un sistema de adopciones que ha sido criticado por su ineficacia y largas esperas, que pueden llegar hasta los seis años.
Desde el Gobierno, la ministra María Jesús Wulf defendió la decisión argumentando que el objetivo es actualizar los protocolos para una implementación más seria y efectiva. Aseguró que la facultad de retirar reglamentos es una práctica administrativa estándar para las nuevas gestiones, y sugirió que la pausa es necesaria para garantizar que las futuras políticas públicas se alineen con la visión del actual Gobierno. Sin embargo, esta justificación ha encontrado resistencia por parte de algunos sectores que consideran que la decisión representa un retroceso significativo en los derechos de los niños y en la modernización del sistema de adopciones.
Uno de los aspectos clave que quedará en espera es la eliminación de la prioridad de los matrimonios sobre las personas solteras o convivientes para la adopción. La nueva ley había planteado un enfoque más inclusivo, permitiendo que todos los tipos de familias potencialmente idóneas tuvieran las mismas oportunidades de adoptar. Este cambio pretendía centrar la evaluación en el candidato que mejor se ajustara a las necesidades del menor, una perspectiva que muchos defensores de los derechos de la niñez consideraban vital para un sistema más humano y justo.
Además, la ley buscaba reducir drásticamente los plazos para la revinculación familiar, estableciendo un máximo de 12 meses para determinar si un menor puede regresar con su familia de origen. Este cambio era fundamental, dado que actualmente el proceso puede estirarse por casi una década, condenando a muchos niños a crecer en instituciones o familias de acogida sin una resolución clara sobre su futuro. La lentitud del sistema ha sido un tema recurrente en el debate público sobre el bienestar infantil en Chile, y este nuevo freno administrativo plantea serias dudas sobre la voluntad del Gobierno de atender estas crisis.
La diputada Emilia Schneider reaccionó con contundencia ante la paralización, cuestionando si las motivaciones detrás de esta decisión son de naturaleza ideológica y conservadora. Schneider, quien ha sido una firme defensora de los derechos infantiles, enfatizó que la implementación de una ley ya aprobada debería ser una prioridad para cualquier administración. La incertidumbre generada por esta pausa se traduce en desasosiego para muchas familias que anhelaban una modernización en los procesos de adopción, una situación que el subsecretario de la Niñez, Marcelo Sánchez, ha prometido abordar al reingresar los reglamentos en un plazo de dos semanas, aunque la sensación de urgencia y la necesidad de avanzar persisten en el debate nacional.
