A pesar de las promesas de «mano dura» de José Antonio Kast durante su campaña presidencial, los recientes datos sobre homicidios en Chile han puesto en entredicho su capacidad para frenar la delincuencia. Según información proporcionada por los Equipos de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía, entre el 11 de marzo y el 6 de abril se registraron 26 homicidios e intentos de homicidio, lo que representa un aumento alarmante del 36,8% en comparación con el periodo similar bajo el gobierno del presidente Gabriel Boric, donde se reportaron solo 19 casos. Estos números parecen contradecir la promesa de su administración de garantizar mayor seguridad para los ciudadanos.
En contraste con los datos presentados por el ECOH, que se centra en el crimen organizado, Carabineros de Chile ha reportado también un aumento de homicidios en general. Las cifras semanales mostraron un incremento del 13,3% en homicidios, mientras que el recuento de los últimos 28 días reveló un aumento del 42,3%. Este periodo refleja una mezcla de semanas bajo la administración de Boric y bajo Kast, lo que complica aún más el análisis sobre la evolución de la seguridad pública en el país. La combinación de estos informes sugiere que el crimen violento está en ascenso, poniendo en duda la efectividad de las políticas y promesas de seguridad del nuevo gobierno.
La creciente violencia ha generado una reacción inmediata en el ámbito político. El diputado Jaime Araya, conocido por su postura crítica hacia el gobierno, ha señalado que las cifras de homicidios provenientes del Sistema Táctico de Operación Policial (STOP) son alarmantes y requieren atención urgente. Araya ha reclamado la necesidad de medidas concretas y acciones inmediatas por parte de la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, destacando que el país parece perder el control sobre la seguridad. Para el diputado, la escalada de homicidios justo tras la llegada de Kast a La Moneda es un prometedor signo de la ineficacia del nuevo régimen en el manejo de la delincuencia.
Ante el aumento de la violencia, Araya ha enviado un oficio a la ministra Steinert solicitando que se presente ante las Comisiones de Seguridad de la Cámara de Diputados y del Senado para brindar explicaciones sobre las medidas que se implementarán. El rechazo a la inercia del gobierno respecto a la seguridad es palpable, y las expectativas de una administración que supuestamente iba a priorizar el combate al crimen se han visto defraudadas. En su mensaje, Araya ha enfatizado que no es el momento para disputas políticas menores, ya que el crimen organizado sigue avanzando y es necesario tomar acciones decisivas.
Mientras los homicidios se disparan y la incertidumbre sobre la seguridad crece, la administración de José Antonio Kast enfrenta una importante presión para cumplir con sus promesas de campaña. Conkreramente, los crecientes números de crimen organizado y homicidios han puesto de manifiesto la fragilidad del plan de seguridad prometido. Sin una estrategia clara que aborde estas preocupaciones, el gobierno podría ver cómo su falta de acción se convierte en un punto débil que afecta su credibilidad y capacidad para gobernar eficientemente, en un tema tan sensible y prioritario como la seguridad ciudadana.
