Estamos a un mes de la salida inminente de Máximo Pacheco de Codelco, y el nombre que está ganando fuerza como posible sucesor es el economista Bernardo Fontaine. Su eventual llegada a uno de los puestos más estratégicos para el Estado se daría en un contexto complicado de altos costos, endeudamiento y baja producción. Se espera que su liderazgo se enfoque en el orden financiero, reforzamiento de la seguridad y una redefinición de la estrategia de la compañía estatal. Sin embargo, su nombramiento no solo ha causado expectativa por su trayectoria empresarial, sino que ha reavivado críticas y cuestionamientos sobre su historial público, en particular su papel en controversias políticas y económicas significativas.
La figura de Bernardo Fontaine ha estado marcada por situaciones controvertidas, especialmente su rol en el rechazo al primer proceso constituyente en Chile. Como convencional, fue uno de los líderes más visibles de los opositores al cambio, utilizando argumentos que muchos consideraron apocalípticos y que generaron críticas sobre su veracidad. Su defensa de la propiedad individual de los fondos previsionales le granjeó tanto apoyo como desaprobación, siendo calificado de mentir por otros convencionales. Este episodio destaca una tendencia recurrente en la carrera de Fontaine, en la que las afirmaciones y estrategias que emplea han sido objeto de controversia y desacuerdos en el ámbito político.
Además, Fontaine ha enfrentado críticas por su participación en campañas comunicacionales que no fueron bien recibidas por todos los sectores. En 2014, lideró una ofensiva contra la reforma tributaria del gobierno de Michelle Bachelet, gastando millones en propaganda que varios expertos consideraron engañosa por no estar respaldada por un consenso técnico. Años más tarde, tras su aparición pública defendiendo el sistema de AFP, sus afirmaciones fueron desmentidas por análisis de veracidad. Esta acumulación de controversias ha consolidado su imagen como un defensor acérrimo del sistema previsional, pero también ha incrementado el rechazo hacia su posible liderazgo en Codelco.
La controversia no solo radica en su postura económica, sino también en su supuesta conexión con prácticas de extractivismo y ecocidio. Isabel Godoy, exconvencional del Pueblo Colla, ha criticado abiertamente su nombramiento, argumentando que representaría una amenaza para la soberanía de las comunidades y que Fontaine está alineado con intereses corporativos que ignoran la protección ambiental. Godoy sostiene que su trayectoria está marcada por un desdén hacia la Consulta Indígena y que su gestión podría ser vista como una continuación de un modelo extractivo que pone en riesgo los ecosistemas. Esta percepción podría generar tensiones significativas con las comunidades afectadas y con aquellos que defienden los derechos ambientales.
A pesar de su experiencia empresarial, que incluye roles en firmas destacadas como Falabella y Lan, la trayectoria polémica de Fontaine plantea dudas sobre su capacidad para liderar Codelco sin generar conflictos. Se teme que su enfoque priorice el orden financiero sobre el costo social y territorial, arriesgando una privatización de interés estatal. Con un historial que muestra claridad en su oposición a reformas que impactan el rol del Estado en el mercado, su posible llegada a la compañía puede interpretarse como un movimiento más de naturaleza política que técnica, dejando a muchos cuestionándose si su liderazgo podría resultar beneficioso o perjudicial para una de las instituciones más importantes para el país.
