El relato del ministro de Vivienda, Iván Poduje, respecto a la necesidad de demoler decenas de viviendas en Viña del Mar, ha comenzado a resquebrajarse en medio de serias acusaciones sobre la manipulación de informes técnicos. Desde que asumió su cargo, Poduje ha estado rodeado de controversia relacionada con las acciones tomadas tras los devastadores incendios de febrero de 2024. A pesar de sus esfuerzos por asegurar a la comunidad que las medidas eran necesarias para garantizar la seguridad, la información que sustenta su decisión está siendo cuestionada por múltiples fuentes.
La controversia tomó forma el 18 de marzo cuando Poduje anunció, a través de su cuenta de Instagram, la paralización de las obras de 356 casas, alegando problemas estructurales graves. Sin embargo, estos alegatos no contaron con el respaldo técnico adecuado, ya que los informes que llevaron a esta drástica decisión fueron, según reportes, elaborados bajo presión y con fechas retroactivas. Esta situación provocó un ambiente de tensión entre Poduje y los profesionales del Serviu Valparaíso, quienes afirman haber sido amenazados con sanciones si no firmaban los documentos requeridos.
De acuerdo con las investigaciones periodísticas, la mismísima resolución 3384, que terminó con la paralización de contratos, se basó en informes que no existían en la fecha en que se emitieron. Esto fue confirmado por correos electrónicos en los que los fiscalizadores del Serviu expresaron que fueron coaccionados a firmar informes que no reflejaban la realidad. A pesar de las amenazas, los funcionarios dejaron constancia de que no tuvieron la oportunidad de oponerse, un detalle que podría ser crucial en caso de que el conflicto sea llevado a los tribunales.
Las fechas de elaboración de los informes, junto con la normativa pertinente que estipula que solo los Fiscalizadores Técnicos de Obras pueden declarar fallas, son elementos que complican aún más la posición del ministerio. A pesar de que el ministro defendió su postura bajo el argumento de que los informes existían, se ha señalado que la División Técnica del Ministerio (Ditec) jugó un rol inusual al realizar inspecciones que técnicamente no le competen. Este movimiento ha suscitado un debate importante sobre los límites de la autoridad administrativa y el respeto a los procedimientos técnicos establecidos.
El futuro de las 56 casas afectadas, que ya estaban en un avanzado estado de construcción, ahora depende de la decisión de los tribunales. La Corte de Apelaciones de Valparaíso ha acogido varios recursos de protección de los vecinos damnificados, resaltando la necesidad de preservar la autonomía técnica de los funcionarios públicos frente a presiones externas. Al mismo tiempo, se ha presentado un informe que sugiere que los problemas constructivos podrían ser solucionados con refuerzos, dejando en evidencia la posibilidad de alternativas a la demolición. La situación se ha transformado en un símbolo de lucha por el respeto a la integridad profesional y la correcta gestión pública.
