Este lunes 11 de mayo, un grupo significativo de estudiantes chilenos se movilizó frente al Ministerio de Educación en un acto de rechazo al ajuste presupuestario del Gobierno, que contempla un recorte del 3% en el gasto público destinado a la educación. La Confederación de Estudiantes de Chile (CONFECH) presentó una carta formal a las autoridades educativas y de hacienda, demandando una mesa de diálogo urgente para discutir las implicancias de este recorte. Según los representantes estudiantiles, esta decisión afectará gravemente a programas vitales como el de alimentación, becas y salud, perpetuando así las disparidades sociales en el país y comprometiendo el acceso a la educación para los estudiantes más vulnerables.
Bastián López, vicepresidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Santiago (FEUSACH), fue el encargado de leer la carta en una manifestación que reunió a diversos movimientos estudiantiles. En su discurso, López enfatizó que la reducción de fondos representa un retroceso en el derecho a la educación, argumentando que «disminuir los recursos educativos solo incrementará las dificultades que enfrentan diariamente millones de infantes y adolescentes en el sistema educacional». Esta preocupación se ve compartida por otros líderes estudiantiles que advierten sobre el riesgo que corre la permanencia de estudiantes de sectores vulnerables en las aulas, debido a la eliminación de iniciativas de acompañamiento y financiamiento.
Además de los recortes presupuestarios, la crítica se centró en el proyecto de «Escuelas Protegidas» propuesto por el Gobierno de José Kast. Sofía Ávila, representante de la Federación de la Universidad Diego Portales, manifestó un rechazo categórico, afirmando que «esta iniciativa intenta solucionar la violencia con más violencia, implementando medidas represivas que solo exacerban los problemas subyacentes». Los estudiantes argumentan que el enfoque punitivo no solo criminaliza la movilización social, sino que también convierten el acceso a la educación en un medio de castigo para aquellos que se atreven a alzar su voz contra la injusticia.
Diego Torres, presidente de la Federación de la Universidad Mayor, fue contundente al vincular el origen de estas medidas con la herencia dictatorial del país, al señalar que «José Antonio Kast es hijo de la dictadura». Según Torres, la estrategia de criminalización del movimiento social implementada por el actual Gobierno busca facilitar su agenda de recortes, cuyos efectos son desproporcionadamente perjudiciales para las clases trabajadoras. En un punto de prensa, los voceros del movimiento estudiantil denunciaron la negativa del Gobierno a abrir espacios de diálogo, lo que conlleva a una desconexión de las decisiones críticas tomadas en lugares alejados de la realidad ciudadana.
Con un sentido de urgencia, la CONFECH se declaró en estado de alerta y prometió continuar movilizándose en defensa de los derechos educativos. Mientras la convocatoria para una próxima manifestación de estudiantes secundarios está programada para este jueves 14 de mayo, la participación de las universidades dependerá de discusiones democráticas entre sus bases. El mensaje es claro: los logros alcanzados en áreas como inclusión y gratuidad deben ser defendidos ante lo que consideran una «agenda de retroceso». La comunidad universitaria exige al Gobierno una respuesta inmediata a su carta, demandando un recorte fiscal de «cero por ciento» en el sector educativo, convencidos de que la inversión en capital intelectual es crucial para el desarrollo del país.
