El reciente decreto firmado por el Ministerio de Hacienda ha desatado una ola de preocupación en el sector salud, ya que contempla una reducción de 413 mil millones de pesos en el presupuesto público, afectando áreas críticas y programas de atención primaria. A través del decreto 333, ingresado a la Contraloría General el 24 de abril, se establece una disminución del 2,4% en los fondos destinados a la salud pública, una medida polémica que ha generado intensas críticas desde diversos sectores, incluidos legisladores y dirigentes gremiales.
Este recorte presupuestario impacta significativamente a la Subsecretaría de Redes Asistenciales, responsable de gestionar el funcionamiento diario de los centros de salud. En particular, se destaca la rebaja de 147 mil millones de pesos, que afectará el funcionamiento de hospitales clave en el país. El Hospital Sótero del Río de Puente Alto se erige como el más afectado a nivel nacional, con pérdidas que superan los 3.100 millones de pesos. Otras instituciones como el Hospital Salvador, Guillermo Grant Benavente y Víctor Ríos Ruiz, también experimentan severas restricciones, lo que genera una inquietante situación en la atención de salud.
Las críticas han sido contundentes desde el Parlamento, donde varios diputados, entre ellos Nelson Venegas del Partido Socialista, han manifestado su descontento frente a los recortes. Venegas destacó que no permitirán la discontinuidad de programas esenciales y advirtió que la reducción del presupuesto solo incrementará las tensas listas de espera que actualmente padece el sistema sanitario. Entre las iniciativas que corren peligro de descontinuarse se encuentran programas de hospitalización domiciliaria, salud mental y la conocida herramienta «ajuar» del programa Chile Crece Contigo, que ha contribuido a aliviar la presión sobre los hospitales.
En las regiones del sur, la situación no es menos crítica, pues solo entre el Hospital Base San José de Osorno y el Hospital de Puerto Montt, los recortes presupuestarios superan los 3.128 millones de pesos. Dirigentes de la Fenats y la Confedeprus en la Región de Los Lagos han alertado que, a pesar de las promesas del Gobierno, la falta de recursos ocasionará una disminución en la contratación de personal y en la adquisición de insumos médicos esenciales. Estos hospitales, que ya operan al límite de su capacidad, se enfrentarán a serias dificultades para mantener la calidad de atención a sus pacientes.
Desde el oficialismo, la ministra de Salud, May Chomali, ha intentado minimizar el impacto de los recortes, asegurando que los pacientes no verán afectada su atención y que los ajustes están más dirigidos hacia una mejora de la gestión administrativa. Sin embargo, el descontento social ya se ha manifestado en las calles, particularmente durante la visita del Presidente Kast a Temuco, donde funcionarios de salud lo confrontaron por lo que han denominado un «recorte cruel» al sistema sanitario. El decreto 333 aún está bajo revisión de la Contraloría, y una vez que se supere este proceso, el debate se trasladará al Congreso, donde los ministros de Salud y Hacienda deberán explicar cómo se garantizará la atención a los pacientes en un contexto de reducciones presupuestarias.
