El Servicio de Impuestos Internos (SII) ha tomado una medida drástica al presentar dos querellas criminales contra un grupo de siete personas vinculadas en su mayoría por lazos familiares, quienes se encuentran en el centro de un escándalo de devoluciones de impuestos indebidas que ha causado un perjuicio fiscal cercano a los $800 millones. La denuncia revela un esquema organizado por un asesor tributario que habría cometido fraude al informar dividendos inexistentes de una sociedad anónima, creando así una red que manipulaba las declaraciones de impuestos de más de 150 personas para obtener devoluciones que no les correspondían. Este grave caso pone de manifiesto la vulnerabilidad del sistema tributario y la necesidad de un control más riguroso para prevenir fraudes de esta índole.
El líder del esquema, un asesor contable, utilizó su conocimiento para perpetrar el fraude. Informó falsamente sobre la distribución de dividendos millonarios a los accionistas de la empresa en cuestión, cuando en realidad, la sociedad no había realizado tales distribuciones desde 2020. Aprovechando la falta de conocimientos tributarios de muchos de sus reclutados, el asesor convenció a estas personas para que le entregaran su RUT y clave de acceso al SII. Con esta información, presentó declaraciones de impuestos F22 fraudulentas y, tras recibir las devoluciones del Fisco, instruía a sus ‘clientes’ a transferir la mayor parte del dinero a cuentas controladas por la red. Este sofisticado esquema ha puesto en alerta a las autoridades fiscales.
La estructura del negocio fraudulento se basaba en un modelo familiar donde el primo del asesor actuaba como reclutador y recibía comisiones por cada víctima que lograba incorporar al esquema delictivo. Las hermanas del líder del grupo y otros parientes también desempeñaban papeles cruciales en la captación de víctimas y en el manejo de las cuentas bancarias donde se depositaban las devoluciones. Durante los años tributarios 2021 y 2022, 152 personas lograron recibir fondos indebidos, lo que representa una cantidad significativa de dinero que debería haberse destinado a las arcas del Estado.
El SII fue capaz de detectar el fraude a través de un riguroso análisis tributario. La entidad fiscal constató que la empresa que supuestamente había repartido los dividendos no lo hizo, además de que las sociedades intermedias utilizadas no cumplían con los requisitos legales para la presentación de las Declaraciones Juradas. También se evidenció que no existían créditos asociados a los dividendos y que el patrimonio de los involucrados contradecía las cifras que ellos mismos habían declarado. De esta manera, el SII se vio obligado a emprender acciones legales para intentar recuperar lo defraudado y sancionar a los responsables.
El delito específico que se les imputa a los acusados es la obtención fraudulenta de devoluciones de impuestos, una infracción severamente sancionada según el artículo 97 N°4 del Código Tributario. Las penas pueden variar desde presidio menor hasta presidio mayor, además de multas que oscilan entre el 100% y el 400% de lo defraudado. El SII no solo busca justicia para el Estado, sino que también ha solicitado que se considere como agravante el uso de asesoría tributaria en este delito y la naturaleza reiterada de las infracciones cometidas. Este caso se convierte en un ejemplo contundente de la necesidad de fortalecer los controles en el área tributaria para salvaguardar los recursos fiscales del país.
