El reciente lanzamiento del libro de Julio Cortés y Myrna Villegas se inscribe en un contexto crítico: la entrada en vigor de la nueva Ley Antiterrorista en Chile, Ley 21.732, firmada por el presidente Gabriel Boric. Este hecho marca un giro significativo en la historia legislativa del país, ya que, a diferencia de la ley de 1984, que se implementó bajo el régimen de Pinochet, la nueva norma proviene de un gobierno que se autodenomina progresista. Cortés señala que la publicación busca desglosar y comparar esta nueva legislación con las leyes antiterroristas previas, incluyendo las reformas realizadas en los periodos democráticos de Aylwin y Piñera I, evidenciando así la larga trayectoria de leyes que fomentan la criminalización política en Chile.
Desde el año 2010, la Ley 18.314, que había sido el pilar de la lucha contra el terrorismo en el país, entró en desuso, con excepciones que ilustra el caso de Francisco Solar, quien fue condenado a 86 años de cárcel en 2021. Este fenómeno pone en relieve el hecho de que, con frecuencia, los cargos penales aplicados corresponden a delitos comunes o a la Ley de control de armas, lo que plantea interrogantes sobre la efectividad y el propósito real de las legislaciones antiterroristas. Cortés argumenta que para entender plenamente la evolución de estas leyes, es esencial trazar un recorrido que abarque no solo la legislación vigente, sino también la historia de la violencia institucional perpetrada por el Estado chileno, que se remonta a mucho antes del año 1973.
El libro, estructurado en tres partes, aborda la temática desde diversos ángulos, buscando presentar la información de manera accesible, evitando ser un texto excesivamente técnico o enrevesado para el público general. Su objetivo es presentar un análisis crítico sobre cómo las normativas antiterroristas han servido a menudo como herramientas de opresión política y no como verdaderas respuestas a amenazas contra el orden público. Esta necesidad de explicar y proporcionar contexto se hace especialmente relevante en un momento en que las elites políticas, incluidas aquellas con posiciones progresistas, parecen perpetuar la tradición de implementar leyes punitivas que refuerzan la represión.
El ensayo de Cortés y Villegas subraya cómo a través de los años, las instituciones encargadas de la seguridad y el orden público en Chile han sido utilizadas como extensiones del poder político y económico. En el caso particular de la nueva ley antiterrorista, los autores evidencian una profunda contradicción en la política del gobierno de Boric, que a pesar de su origen en las movilizaciones sociales, ha optado por legalizar medidas que continúan con la estela represiva del pasado autoritario. Este fenómeno no solo se observa en la derecha, sino que también se manifiesta en sectores que se consideran progresistas, lo que sugiere un consenso más amplio entre las élites políticas sobre la necesidad de un enfoque punitivo ante las disidencias.
Finalmente, el libro de Cortés y Villegas se convierte en una herramienta fundamental para comprender la dinámica de la violencia institucional en Chile y la criminalización de los movimientos sociales, en un contexto donde América Latina enfrenta una creciente oleada autoritaria. La obra invita a la reflexión y al análisis crítico, posicionándose como un recurso vital en la resistencia frente a la represión y en la lucha por los derechos humanos. Con prólogos significativos de Raúl Zaffaroni y Matías Bailone, la presentación del libro, efectuada en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, se convierte en un hito importante para el debate sobre la justicia, la política y la historia reciente de Chile.
