El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, se encuentra en medio de un creciente escándalo tras la revelación de que omitió información crucial en su Declaración de Intereses y Patrimonio. Este documento, vital para asegurar la transparencia y la ética en el ejercicio de la función pública, dejó un apartado importante en blanco: el que debía señalar otras posibles fuentes de conflicto de intereses. La omisión es preocupante dado que su hermano, Víctor Quiroz, es socio principal de un influyente estudio de arquitectura que se beneficia de un salvavidas inmobiliario que forma parte de la megarreforma económico-tributaria promovida por el gobierno de José Kast. A medida que se desvelan detalles sobre esta situación, la credibilidad de Quiroz ante el Congreso se ve amenazada y los cuestionamientos se intensifican.
La revelación, publicada por El Mostrador, ha sacudido el debate legislativo, justo en el momento en que el proyecto de megarreforma está siendo discutido en el Senado. La Cámara Alta muestra resistencia ante varios artículos centrales del proyecto, y se han escuchado voces críticas que ponen en duda el soporte poblacional de la coalición gobernante. La Democracia Cristiana ha sido clara en su oposición, lo que força al gobierno de Kast a negociar voto por voto en busca de la aprobación de esta controversial reforma. Las tensiones políticas están aumentando, y la falta de transparencia del ministro Quiroz se convierte en un punto crucial de discusión.
El estudio de arquitectura, Quiroz y Puelma, asociado a su hermano, tiene una trayectoria marcada por proyectos importantes en Viña del Mar, incluyendo el edificio Kandinsky, que atrajo la atención mediática por un colapso en su estructura, lo que añade un matiz de alarma ante la percepción pública. Su oficina también ha sido proveedora del Estado, participando en licitaciones de proyectos públicos. Con la megarreforma en el horizonte, se cuestiona si la relación familiar podría influir en las decisiones políticas que beneficiarán al sector inmobiliario, poniendo en duda la imparcialidad del gobierno ante la ciudadanía.
El ministerio de Hacienda está impulsando medidas que algunos expertos han catalogado como un «salvavidas inmobiliario», que incluye la exención temporal del IVA para viviendas nuevas y una serie de incentivos tributarios. A pesar de los argumentos que sostienen que estas medidas podría beneficiar a los consumidores, economistas han alertado sobre el riesgo de que dicha reducción impositiva no se traslade efectivamente a los precios finales de los inmuebles. La decisión de no declarar sus potenciales conflictos de intereses se convierte en un acto que podría erosionar la confianza pública en un proyecto que ya enfrenta críticas por favorecer a las grandes empresas del sector, con la apariencia de reimpulsar la economía.
Expertos en transparencia, como Juan José Lyon de la Fundación América Transparente, han calificado la conducta de Quiroz como «absolutamente crítica», enfatizando que la probidad no solo significa evitar acciones ilegales. La percepción de conflictos de interés puede ser suficiente para desestabilizar la legitimidad de políticas públicas. En este contexto de incertidumbre y déficit de confianza, Lyon advierte que la falta de transparencia puede acentuar las críticas a la megarreforma de Kast, alimentando sospechas sobre sus verdaderas intenciones, al parecer más alineadas con mantener a flote los intereses de un sector específico que de garantizar un avance económico para todos los ciudadanos.
