En una reciente entrevista en el programa «Política en Vivo» de Radio Universidad de Chile, Francisco Estrada, exdirector nacional del Sename y actual miembro del Consejo de Estándares y Acreditación, expresó su enérgico rechazo a la propuesta de la Unión Demócrata Independiente (UDI) de rebajar la edad de imputabilidad penal de 14 a 13 años. Estrada calificó esta medida como un «canto de sirena» que busca apelar al populismo punitivo sin considerar las evidencias internacionales sobre la reinserción de jóvenes. Este debate surge en un contexto delicado, tras el brutal asesinato de un niño de 12 años en San Bernardo, que ha reavivado los temores y la indignación social respecto a la delincuencia juvenil.
El exdirector del Sename no dudó en señalar las consecuencias negativas que podría tener esta modificación legal en la lucha contra el crimen organizado, afirmando que «si bajan la edad a 13, el crimen organizado contratará a uno de 12». Según Estrada, este tipo de medidas no solo son ineficaces, sino que también fomentan un enfoque erróneo que busca encarcelar en lugar de rehabilitar. A su juicio, los centros penitenciarios, lejos de ser lugares de reinserción, se convierten en escuelas del delito, donde los menores se ven expuestos a un entorno criminógeno que perpetúa su conducta delictiva.
Ante esta arremetida legislativa, Estrada instó a los políticos a centrar sus esfuerzos en comprender y abordar las raíces de la criminalidad desde temprana edad. Propuso que el Estado priorice políticas que mejoren las condiciones de vida, implementen programas para reducir la deserción escolar y refuercen los servicios de salud mental, apuntando que actualmente hay escasez de médicos psiquiatras especializados para niños y adolescentes en el sistema público. Asimismo, criticó la forma en que la sociedad hace «la vista gorda» ante el sufrimiento de miles de niños que carecen de un entorno familiar adecuado.
Estrada también expresó su preocupación por las propuestas «de último minuto» que provienen del Gobierno, argumentando que estas iniciativas están rompiendo el consenso logrado en torno a la Ley 21.527, que había buscado establecer un enfoque más humano y comprensivo hacia la justicia juvenil. Resaltó que es crucial avanzar en un marco político que no se deje llevar por la urgencia y la presión mediática, sino que se enfoque en estrategias a largo plazo para combatir la violencia y la criminalidad juvenil.
Concluyendo su declaración, Estrada enfatizó que ya existen herramientas en marcha, como el trabajo de jueces, fiscales y defensores especializados en temas de justicia juvenil. Sin embargo, advirtió que estos esfuerzos requieren tiempo para mostrar resultados efectivos. Al finalizar, reiteró su postura de que el endurecimiento de las leyes penales no es la solución para erradicar la violencia, destacando la necesidad de un enfoque integral para abordar esta problemática en la sociedad.
