El lonko Guillermo Ñirripil, representante de la Comunidad Miguel Cheuquepán, se encuentra desde este miércoles en el banquillo de los acusados en Temuco, enfrentando un nuevo juicio en el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal. Este proceso judicial, programado para extenderse a lo largo de siete días, ocurre en un contexto de creciente tensión y controversia, ya que Ñirripil ya cumple una condena de 5 años y un día por supuestas acusaciones similares, dictada en un juicio anterior a principios de 2024. La Fiscalía ha solicitado una severa pena de 8 años de prisión por un cargo de extorsión, además de dos penas adicionales de 7 años cada una por otros delitos que se le imputan, lo que ha levantado alarmas tanto en su comunidad como en organizaciones de derechos humanos.
Las comunidades mapuches han manifestado su preocupación por la naturaleza de las acusaciones, argumentando que se basan en los testimonios de empresarios agrícolas en lugar de considerar los acuerdos previamente establecidos entre las partes involucradas. El primer día del juicio estuvo marcado por la declaración de varios testigos, incluidos un propietario de un fundo, un trabajador y un alto oficial de Carabineros en servicio activo. Además, llamó la atención el inusual cambio de fiscal en la causa, pasando de Enrique Vásquez, quien estaba bajo un manto de controversia por sus vínculos en el caso de manipulación de pruebas conocido como Operación Huracán, a Miguel Ángel Velásquez, lo que ha generado aún más desconfianza en el proceso judicial.
Valeria Ñirripil Lincopi, vocera de la familia de Guillermo Ñirripil, hizo valer su postura durante el juicio al afirmar: «La palabra empeñada no es un delito». Aseguró que la acusación que enfrenta el lonko es un nuevo capítulo en la persecución y criminalización sistemática de los líderes mapuches por parte del Estado chileno, mostrando cómo las voces de los pueblos originarios son desestimadas y malinterpretadas en el ámbito judicial. Valeria hizo un llamado a la concienciación sobre la situación política de los mapuches, instando a los lamgen y a la comunidad en general a unirse en respaldo a la causa mapuche, contrarrestando la narrativa de criminalización impuesta por las autoridades.
La denuncia de una persecución política se hace más fuerte entre las comunidades, que argumentan que las similitudes entre las acusaciones actuales y la condena anterior demuestran un patrón de hostigamiento. Observadores de derechos humanos y decenas de miembros de comunidades mapuche se hicieron presentes en el tribunal, entre ellos provenientes de Curacautín, Lautaro, Perquenco y Victoria. En apoyo a su lonko, los comuneros organizaron una olla común fuera del tribunal, afirmando su solidaridad y reivindicando su derecho a dignificar la memoria y la lucha de su pueblo a lo largo de los siete días que durará el juicio.
El ambiente en los alrededores del Tribunal se cargó de simbolismo y resistencia, con la presencia activa de comunidades comprometidas en la defensa de sus líderes. Esta situación pone en relieve la grave cuestión de la criminalización de las luchas indígenas en Chile y los persistentes actos de racismo judicial, donde las voces mapuches continúan siendo marginadas en favor de intereses económicos y políticos. Las autoridades y organismos internacionales deberán prestar atención a estos casos, ya que representan no solo la problemática de la justicia en manos del Estado, sino también la necesidad de reconocer y respetar los derechos de los pueblos indígenas en el país.
