El Crédito con Aval del Estado (CAE) ha sido objeto de un creciente escrutinio legal en Chile, particularmente por parte de abogados que argumentan que el procedimiento de cobro aplicado por la Tesorería General de la República (TGR) es abusivo y carece de fundamento legal. Hasta la fecha, más de 1.500 deudores han sido embargados, con solo un 5% optando por acogerse a convenios de pago. Este panorama ha generado serias preocupaciones en miles de familias chilenas que enfrentan las decisiones drásticas de la TGR, las cuales han tenido un impacto negativo en su estabilidad económica, emocional y en su salud. Los abogados afirman que la ejecución de estos cobros vulnera el debido proceso y contraviene las normativas que protegen a los trabajadores, estableciendo un precedente alarmante en el manejo de las deudas estudiantiles.
El abogado Carlos Muñoz Lecerf sostiene que la TGR está cometiendo un error gravísimo al aplicar el Código Tributario en el cobro de las deudas del CAE. Según Muñoz, el CAE debería regirse por normas civiles específicas, como lo establece su propia ley, y no bajo la normativa tributaria que aplica la Tesorería. Esta interpretación errónea del marco legal está llevando a una confusión sobre la naturaleza de la deuda, que, en términos correctos, es una obligación civil entre el estudiante y el banco, no un tributo que deba cobrarse como tal. Esta situación pone en entredicho la validez de los procedimientos que se están utilizando y exacerba la carga sobre los deudores.
Aún más preocupante es la alegación de que muchos cobros realizados por la TGR se basan en análisis jurídicos privativos, lo cual contradice la necesaria imparcialidad que debe regir en este tipo de acciones gubernamentales. La ley que aceleró los cobros, firmada por el ex presidente Gabriel Boric, ha sido utilizada como justificación, sin embargo, Muñoz enfatiza que esto se basa en una interpretación equivocada de la naturaleza del CAE. Para que la TGR proceda a realizar un cobro legítimo, primero debió haber saldado la deuda con el banco y proporcionar la prueba de dicho pago, un requisito que parece no cumplirse en muchos casos, de acuerdo a la falta de liquidación observada en varios expedientes.
La inconstitucionalidad del proceso es otro tema fundamental en esta controversia. Martínez, un abogado de la Comisión jurídica de Deudores CAE, refuerza que la naturaleza del CAE como un crédito civil debería impedir que la Tesorería actúe bajo procedimientos tributarios. Esto no solo contradice el principio de legalidad establecido en la Constitución, sino que también afecta los derechos del deudor a un juicio justo y a ser tratado de manera equitativa. Al aplicar normativas inadmisibles, la TGR no solo está extralimitando sus competencias, sino que también afecta a un grupo específico de deudores de manera desmedida, lo que podría constituir una discriminación arbitraria.
Ante las notificaciones de cobro que están recibiendo muchos deudores, los abogados advierten sobre la importancia de actuar con prudencia. Se recomienda no firmar ningún acuerdo inmediatamente y revisar detalladamente la notificación y los montos reclamados. Los deudores tienen derechos a ver toda la documentación relacionada con su deuda, y cualquier discrepancia en los cálculos puede ser motivo de reclamo. Además, es crucial que tomen medidas preventivas en los primeros 10 días desde la notificación para proteger su patrimonio. La situación actual de los deudores CAE es compleja y, si bien hay recursos legales disponibles, la posibilidad de éxito depende de las circunstancias individuales de cada caso, lo que hace que este proceso sea aún más incierto para muchos.
