Una situación tensa se vivió la tarde de este jueves en el sector El Olivar de Viña del Mar, donde el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, fue confrontado por un abogado vinculado a la constructora San Sebastián. Este intercambio verbal surge tras la preocupación de los vecinos sobre el estado de sus viviendas, que presentaban riesgo de derrumbe, un tema que ha cobrado relevancia después del megaincendio en la zona. El ministro, preocupado por las denuncias, anunció a través de sus redes sociales su visita al sector para inspeccionar las obras, reafirmando su compromiso con la seguridad y bienestar de los ciudadanos.
Al llegar al lugar, el ministro Poduje, acompañado de equipos técnicos de la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu), pudo constatar las deficiencias arquitectónicas de las casas construidas por la mencionada constructora. Las lluvias recientes pusieron de manifiesto graves fallas, lo que llevó al ministro a reiterar que se habían interrumpido las obras de San Sebastián por problemas en la ejecución. Ante la preocupación ciudadana, Poduje no dudó en asegurar que el gobierno había tomado medidas legales contra la compañía por al menos ocho delitos relacionados con la construcción defectuosa.
Sin embargo, durante una conferencia de prensa posterior a la visita, la situación escaló cuando Jaime Barrientos, abogado de San Sebastián, cuestionó la legalidad de las acciones del ministro. Barrientos acusó a Poduje de ser un «matón» y de actuar fuera de la ley, desestimando las denuncias sobre los derrumbes y afirmando que no había ninguna querella presentada. El tono áspero de su acusación hizo que las tensiones aumentaran, con un ministro visiblemente molesto, que decidió confrontar al abogado y pedirle que repitiera sus afirmaciones.
El intercambio verbal entre ambos se volvió viral, destacándose las palabras de Barrientos que describieron al ministro como alguien que «no está a la altura de su investidura». Poduje, por su parte, defendió su postura asegurando estar siempre dispuesto a rendir cuentas ante las instituciones y enfatizando la importancia de la pericia técnica que se llevaría a cabo para determinar las responsabilidades sobre las fallas estructurales. Este tipo de enfrentamientos, poco comunes en el ámbito político, han generado un debate sobre la responsabilidad de las autoridades en la supervisión de obras y el manejo de crisis en situaciones de emergencia.
Este altercado resalta no solo la angustia de los residentes de El Olivar, que aún lidian con las secuelas del megaincendio, sino también la tensión entre el gobierno y las empresas constructoras en el contexto de la reconstrucción. Los acontecimientos en Viña del Mar ponen de manifiesto la necesidad de una mayor transparencia y responsabilidad en el sector de la construcción, así como de un enfático compromiso por parte de las autoridades en garantizar la seguridad de sus ciudadanos frente a posibles negligencias, un tema que continuará siendo relevante en el debate público y mediático en las próximas semanas.
