Mientras la transnacional canadiense Aclara refuerza sus esfuerzos para consolidar sus cuestionadas operaciones mineras en Chile, su división estadounidense ha conseguido un considerable beneficio tributario en el estado de Luisiana. El gobernador republicano, Jeff Landry, conocido por su vinculación con la política de Donald Trump, firmó un contrato que otorga una exención del 80% en impuestos prediales para la futura planta de separación de tierras raras pesadas que la empresa planea instalar en el Puerto Vinton. Este acuerdo implica un alivio aproximado de 20,8 millones de dólares en los primeros cinco años de funcionamiento, y la posibilidad de extender este beneficio por cinco años más.
La gestión de Aclara en Estados Unidos no es un acto al azar. Desde octubre de 2025, la compañía ha estado estableciendo lazos con el gobernador Landry, buscando áreas de cooperación. La figura de Landry juega un rol crucial en el éxito de esta iniciativa, dado su perfil militar y su experiencia en la policía, además de ser un ferviente miembro del Partido Republicano. Su reciente designación como enviado especial de Estados Unidos para Groenlandia por Trump facilita a Aclara acceder a importantes círculos de influencia en la política energética y minera estadounidense.
En paralelo, mientras Aclara busca ampliar su presencia en Chile mediante el polémico proyecto minero en los cerros de Penco-Lirquén, en Estados Unidos su estrategia se centra en construir una cadena de valor que conecte los depósitos de materias primas con la capacidad de procesamiento industrial. La significativa exención de impuestos en Luisiana representa un alivio esencial, permitiendo a la empresa destinar recursos a la innovación tecnológica y al aumento de su capacidad operativa. Este respaldo fiscal no solamente mejora la estabilidad financiera del proyecto en su fase inicial, sino que también envía un mensaje claro sobre el fuerte posicionamiento de Aclara en el competitivo mercado global de tierras raras.
En Chile, el Gobierno de José Antonio Kast ha promovido el extractivismo, aprobando el proyecto de tierras raras que Aclara desea implementar en la Región del Biobío, aun ante una década de oposiciones por parte de las comunidades locales y organizaciones ambientales. El 8 de junio, la Comisión de Evaluación Ambiental (COEVA) dio un respaldo unánime a la iniciativa, que afecta más de 170 hectáreas en zonas ecológicas sensibles y críticas para el sistema de drenaje que alimenta el Estero Penco. Este apoyo se produce en medio de manifestaciones de protesta que evidencian el rechazo de la ciudadanía ante el riesgo ambiental que supone la mineras.
La decisión de la COEVA de avanzar con la evaluación ambiental permitirá que se emita una Resolución de Calificación Ambiental (RCA), abriendo un plazo de 30 días hábiles para la presentación de recursos legales en contra del acuerdo. Las organizaciones defensoras del medio ambiente han dejado claro su compromiso de seguir luchando por la protección del territorio, utilizando todos los recursos legales disponibles para impedir la instalación de Aclara en esta región. Este escenario refleja una creciente tensión entre el desarrollo económico impulsado por el gobierno y la defensa de los derechos ambientales y territoriales de las comunidades afectadas.
