Fraude AFP con pensiones
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AFP Provida es multada por fraude en entrega de pensiones

La Superintendencia de Pensiones multó a la administradora debido a que dos de sus funcionarios alteraron la edad de 27 afiliados con el objetivo de entregarles sus pensiones por vejez de forma anticipada, a pesar de no cumplir con la edad estipulada en la Ley para poder hacerlo.

En 2019, dos trabajadores de AFP Provida fueron desvinculados de la institución, porque se descubrió que habían modificado la edad real de 27 afiliados con el objetivo de poderles hacer entrega de su pensión de vejez de forma anticipada.

Lo curioso del caso, es que de esos afiliados había varios que ni siquiera estaban cerca de cumplir la edad necesaria. Inclusive, uno de ellos tenía 28 años y su fecha de nacimiento fue modificada a 1950.

Todos estos detalles los dio a conocer la Superintendencia de Pensiones, quien finalmente multó a la AFP con el pago de UF 4.800, asegurando que la administradora de fondos no cumplió con la debida custodia legal de los dineros de aquellos afiliados y con los requisitos legales que estos deben tener para poder optar a los beneficios que se adquieren al jubilarse.

De igual forma, el ente regulador también detalló que Provida no tuvo las medidas de seguridad correspondientes necesarias para este tipo de procesos, facilitando la tramitación indebida de los montos relacionados a las pensiones por vejez. Finalmente, a raíz de este fraude, se retiraron más de 300 millones de pesos desde las cuentas de 18 de los 27 involucrados y traspasos por casi 100 millones a individuos no titulares de las cuentas.

Además, en ciertos casos, el dinero retirado a causa de la manipulación fraudulenta de edad, no llegó ni siquiera ala cuenta de los titulares.

Finalmente, la multa cursada por la Superintendencia de Pensiones fue mucho menor de lo esperado (UF 6.000), ya que desde Provida informaron de hecho en un tiempo razonable, en octubre de 2019.

¿Cómo se dieron los hechos?

Cambiando el sistema

Como se mencionó anteriormente, 18 de los 27 afiliados finalmente recibieron los pagos correspondientes a su pensión. En el caso de los 9 restantes, sus pagos fueron cesados, según comentó Provida.

El rango etario de los afiliados fue desde los 27 a los 62 años, pero a la gran mayoría les faltaba más de una década para cumplir la edad necesaria para pensionarse. Como si fuera poco, en cuatro casos los dineros cobrados ni siquiera fueron a para a las cuentas de los afiliados. Solo en uno de esos casos, los dineros fueron a parar a un hijo del afiliado. Los otros tres, en ningún caso había parentesco con el titular de la cuenta AFP. Por esta razón, Provida restituyó todo el dinero que se había extraído de las cuentas de quienes resultaron afectados.

Por otra parte, de todos los casos identificados, en tres los afiliados tendrían que haberse registrado en el Sistema de Consultas y Ofertas de Montos de Pensión (SCOMP) para poder recibir su pensión, obviamente si es que cumplían la edad legal, asunto que tampoco se hizo.

Con todo esto sobre la mesa, la Superintendencia de Pensiones tomó la declaración de los dos funcionarios de Provida y llegó a la conclusión de que la administradora siguió con el proceso habitual de tramitación de las pensiones, sin poseer las medidas de seguridad correspondientes para garantizar la debida entrega de los beneficios previsionales en la vejez.

Querella criminal para los dos implicados

Debido a todos los datos que se obtuvieron con la investigación, AFP Provida emitiió una querella criminal ante el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, en contra de los dos funcionarios que protagonizaron estos hechos y todos aquellos individuos que se hayan visto envueltos en este proceso fraudulento, que serán determinados tras la investigación que ha realizado la Superintendencia.

La situación, estaría siendo evaluada por el Ministerio Público. En su querella, Provida manifiesta que estos dos trabajadores cambiaron la edad y género de algunos de sus afiliados de manera ilegal, con el fin de solicitar de forma anticipada las pensiones correspondientes a la jubilación de estas personas. Todo esto, según detalla la AFP, habría causado un perjuicio total que ascendería a la suma de más de 329 millones de pesos.

 

César Solis
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