La investigación de Al Jazeera revela un alarmante panorama sobre el apoyo internacional a Israel durante la guerra de Gaza, indicando que al menos 51 países y territorios autónomos continuaron enviando armamento a Israel a pesar de las advertencias de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre un «riesgo plausible de genocidio» en Gaza. El reportaje, publicado el 23 de mayo de 2026, revela que los envíos de bienes militares fueron incesantes tras el dictamen de la CIJ en enero de 2024, donde se instó a los Estados a prevenir el genocidio, generando una crítica profunda respecto a la complicidad de la comunidad internacional en la continuada violencia en la región.
El flujo de armamento hacia Israel durante el conflicto ha sido sostenible e incluso ha aumentado, según los datos de la Autoridad Tributaria de Israel (ITA). Desde octubre de 2023 hasta octubre de 2025, más de 2,600 cargamentos de material militar valuados en más de 885 millones de dólares ingresaron al país, una cifra alarmante si se considera que el 91% de estos envíos se registraron después del fallo de la CIJ. En total, alrededor de 70,000 vidas se perdieron y cientos de miles resultaron heridas, lo que pone en tela de juicio las responsabilidades de los países que siguen armandolos.
La complicidad de diversos gobiernos en la violación del derecho internacional se pone de manifiesto. Expertos en derecho como Stephen Humphreys y Gerhard Kemp han advertido que aquellos países que, a pesar de las advertencias legales, continuaron suministrando armamento a Israel podrían ser considerados cómplices de crímenes internacionales. Las contradicciones se acentúan en los discursos políticos de varias naciones, que condenan la guerra mientras siguen apoyando militarmente a Israel. Este fenómeno plantea una crítica ética sobre las obligaciones y las responsabilidades internacionales en situaciones de conflicto.
La investigación también pone en evidencia cómo algunos países anunciaron suspensiones simbólicas en el envío de armamento, que en la práctica no se materializaron. Por ejemplo, España y Canadá comunicaron cese de exportaciones, pero las evidencias aduaneras indican que continuaron enviando armas a Israel. Este silencio cómplice y las contradicciones en las políticas han llevado a expertos como Neve Gordon a recalcar que la comunidad internacional está desmantelando el orden jurídico que previamente ayudaron a construir, mientras que se niegan a cumplir con las obligaciones legales que les corresponden en el marco del derecho internacional.
Aun después de que se decretara un alto el fuego en octubre de 2025, el suministro bélico a Israel no ha cesado. Entre noviembre y diciembre de 2025, al menos 220 cargamentos de armamento llegaron a los puertos israelíes, lo que indica una continuación de las violaciones de los derechos humanos en Gaza. Esta serie de hechos cuestiona seriamente la efectividad de los mecanismos internacionales para la prevención del genocidio y resalta la necesidad urgente de una revisión de las políticas exteriores y de armamento de los países implicados, que se encuentran en una peligrosa intersección entre los derechos humanos y los intereses geopolíticos.
