Cathy Barriga, exalcaldesa de Maipú, ha sido sometida a arresto domiciliario total tras ser formalizada por los delitos de falsificación de instrumento público y fraude al Fisco. El Noveno Juzgado de Garantía de Santiago, dirigido por el juez Hugo Salgado, tomó esta decisión, evitando así la prisión preventiva que había sido solicitada por la Fiscalía. La exfuncionaria municipal Ana María Cortés, en cambio, quedó sujeta a un arresto domiciliario nocturno.
La medida cautelar se basó en la consideración del juez Salgado de que Barriga, acusada de un fraude estimado en 31.000 millones de pesos chilenos (aproximadamente 35 millones de dólares), «sabía, o no podía menos que saber» de las irregularidades financieras en el municipio de Maipú, el segundo más poblado de Chile. A pesar de la gravedad de los delitos imputados, Salgado destacó la conducta anterior irreprochable de la exalcaldesa y no consideró que su libertad implicara un peligro para la sociedad.
El juez también mencionó que no había antecedentes penales previos ni pruebas de que Barriga pudiera cometer nuevos delitos mientras estuviera en libertad. Como resultado, determinó que Barriga debería permanecer en arresto domiciliario total y mantenerse alejada de testigos y víctimas del caso.
La Fiscalía ha confirmado que apelará la resolución para buscar la prisión preventiva de Barriga, argumentando la seriedad de los delitos y la magnitud del fraude. La Corte de Apelaciones de Santiago revisará la medida cautelar, mientras la investigación se extenderá por un período de 120 días. Este caso continúa generando un intenso debate público en Chile sobre la corrupción y el tratamiento de figuras políticas en el sistema de justicia.
El Fiscal Nacional, Ángel Valencia, ha cuestionado la decisión del juez Hugo Salgado del 9° Juzgado de Garantía de Santiago de conceder arresto domiciliario a la exalcaldesa de Maipú. Destacó que no es la primera vez que autoridades que deberían estar privadas de libertad son beneficiadas con medidas cautelares menos gravosas. Mencionó que en otras situaciones similares, los imputados han estado en arresto domiciliario, abonando tiempo para sus condenas en condiciones cómodas, como en sus casas con piscina y acceso a redes sociales, en lugar de estar privados de libertad en una cárcel.
