El atentado contra el precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido el sábado en un mitin público en Bogotá, ha revivido los ecos de la violencia que ha marcado la historia política de Colombia. Uribe Turbay, senador por el partido Centro Democrático y nieto del expresidente Julio Turbay, fue baleado mientras se dirigía a sus seguidores en la localidad de Fontibón. Este hecho, que ha dejado al político en estado crítico tras ser trasladado a una clínica, refleja no solo la gravedad de la situación de seguridad en el país, sino también la tensión política que se vive a menos de un año de las elecciones presidenciales de 2026.
El ataque, que fue perpetrado por un menor de edad y que ha generado una rápida condena por parte de diversas autoridades, ocurre en un clima de polarización política. El presidente Gustavo Petro, ante la urgencia de la situación, manifestó su solidaridad con la familia de Uribe Turbay y criticó a quienes intentan sacar provecho político del atentado. Esto es una respuesta esperada dado el contexto de la controversia que rodea al reciente decreto presidencial que busca convocar una consulta popular, acción que ha sido calificada de autoritaria por parte de opositores como Uribe Turbay.
La historia familiar de Miguel Uribe Turbay, marcada por la tragedia con el asesinato de su madre, la periodista Diana Turbay, añade una dimensión personal y emocional al atentado. La memoria de la violencia que cobró la vida de Diana en 1991, cuando su hijo apenas tenía cinco años, vuelve a estar presente en la mente de muchos colombianos al recordar el riesgo que corre una figura política notoria. Esto pone de relieve la continuidad de un ciclo violento que ha azotado al país durante décadas y que aún no parece haber sido superado.
Con una carrera política que ha ido en ascenso, Uribe Turbay ha destacado por su crítica a las políticas del presidente Petro, las cuales ha calificado de perjudiciales para el país. Su contundente oposición a la consulta popular por decreto fue expresada en una publicación en redes sociales, donde prometió acciones legales contra los ministros que apoyaran dicha medida. La repercusión de su ataque no solo es un episodio de violencia más en la larga lista de agresiones a políticos en Colombia, sino que también refleja la crispación en torno a las decisiones gubernamentales.
El futuro político de Colombia, a medida que se acercan las elecciones, es incierto y volátil. La violencia, lamentablemente, sigue siendo un actor fundamental en este escenario. Las autoridades han prometido realizar una investigación exhaustiva y capturar a los responsables del ataque, incluyendo a los posibles autores intelectuales. Sin embargo, la sociedad civil observa con preocupación si este evento marcará un cambio en la clase política colombiana o si, por el contrario, se convertirá en una nota más en el luctuoso compendio de la violencia en el país. La frase de Petro sobre el respeto a la vida suena a un llamado urgente para poner fin a un ciclo que parece interminable.
