La condena del expresidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado ha marcado un hito en la historia política de Brasil y de América Latina. El Supremo Tribunal Federal, en una decisión mayoritaria de cuatro de sus cinco jueces, encontró pruebas suficientes que evidencian una conspiración para desmantelar la democracia brasileña, algo sin precedentes para un exjefe de Estado en el país. La acusación incluye la planeación de un de golpe de Estado a través de medios violentos y de intimidación, y el uso de armas letales o veneno para eliminar a figuras clave de la política, incluyendo al presidente electo Luiz Inácio Lula da Silva. La condena podría extenderse hasta 40 años de cárcel, algo que Bolsonaro y sus seguidores han calificado de un ataque político y una persecución alentada aún desde Estados Unidos.
La conspiración de Bolsonaro se gestó en un contexto político tenso, donde sus constantes afirmaciones sobre la fiabilidad de las elecciones brasileñas comenzaban a erosionar la confianza pública en el sistema democrático. A partir de 2021, el expresidente lanzó una serie de ataques a la independencia judicial y a la legitimidad del proceso electoral, afirmando sin pruebas que las máquinas de votación podrían ser manipuladas. Su retórica se volvió cada vez más incendiaria, comparando la situación de Brasil con los disturbios en el Capitolio de EE.UU. el 6 de enero de 2021, y sugiriendo que sus opositores podrían buscar un fraude electoral. Esta deslegitimación del proceso electoral culminó en acciones que llevaron a su condena en el Supremo.
Documentos incautados durante la investigación revelaron un plan macabro denominado «Puñal Verde y Amarillo», que contemplaba el asesinato de Lula, su vicepresidente y un juez del Supremo, además de la evaluación de métodos violentos para desestabilizar el orden democrático. Entre los involucrados, se halló a un teniente coronel que, aunque inicialmente negó estar detrás de acciones ilegales, luego se convirtió en un testigo clave para la fiscalía. El plan detallaba estrategias para realizar un ataque y la creación de grupos de acción, lo que demuestra la seriedad de la amenaza que representaba Bolsonaro y su círculo más cercano.
A medida que las evidencias fueron recopilándose, se hizo evidente que la falta de apoyo militar y la resistencia de varios altos mandos del ejército resultaron cruciales para la desarticulación del golpe. A pesar de que Bolsonaro intentó obtener el respaldo de los líderes militares para validar un estado de sitio y reinstaurar un control autoritario, su propuesta fue rechazada. Esto dejó a Bolsonaro vulnerable, culminando en una derrota electoral ante Lula que motivó a sus seguidores a protestar pidiendo una intervención federal, además de allanar el camino para un futuro incierto para su movimiento político.
El futuro del bolsonarismo se encuentra en un limbo, post-condena. Aunque algunos aliados de Bolsonaro ya han comenzado a discutir la posibilidad de una amnistía, expertos advierten que su poder está disminuyendo. Tarcíso de Freitas, gobernador de São Paulo, ha surgido como un posible sucesor, pero no está claro si logrará unir a las distintas facciones de la derecha brasileña. A pesar del desprestigio que enfrenta Bolsonaro, mantiene un núcleo de seguidores leales, lo que sugiere que su influencia en el horizonte político brasileño no se extinguido del todo, a pesar de los retos legales y de su condena.
