El Congreso de El Salvador ha aprobado una polémica reforma constitucional que establece la cadena perpetua para homicidas, violadores y terroristas, una medida impulsada por el Gobierno del presidente Nayib Bukele. La aprobación de la reforma se realizó sin la realización de estudios ni debates previos, lo que ha generado inquietud entre diversos sectores de la sociedad. Bukele, en defensa de la medida, pidió al congreso y a la ciudadanía que se pronuncien acerca de quiénes apoyan esta reforma, insinuando que aquellos que se opongan son cómplices en la protección de criminales. La falta de un análisis exhaustivo ha suscitado críticas sobre el proceso legislativo y el respeto a los derechos humanos en el país.
La reforma llega en un contexto marcado por la intensificación de la lucha del gobierno contra las pandillas, especialmente tras la declaración de estado de emergencia en marzo de 2022, en respuesta a una alarmante ola de violencia vinculada a estas organizaciones. Desde entonces, el gobierno ha implementado varias medidas para desmantelar a las pandillas, con fuertes índices de detenciones y condenas, incluyendo sorprendentes sentencias de hasta mil años de prisión para ciertos pandilleros. No obstante, el nuevo enfoque de cadena perpetua para delitos específicos apunta a establecer un mensaje claro y decidido en la política de seguridad del país, según lo afirmado por las autoridades.
El artículo 27 de la Constitución salvadoreña, que históricamente prohibía las condenas perpetuas, se encuentra ahora en el centro del debate. Este artículo promovía la rehabilitación de los delincuentes, señalando que el sistema penitenciario debería estar orientado hacia la corrección y reintegración de los convictos en lugar de su castigo eterno. La modificación de este artículo, por lo tanto, plantea interrogantes sobre el futuro del sistema penitenciario y la intención genuina del gobierno de Bukele hacia la reintegración social de los infractores.
La diputada Suecy Callejas, de Nuevas Ideas, ha afirmado que el objetivo de esta reforma es aplicar la cadena perpetua a aquellos que, como miembros de pandillas, hayan cometido homicidios, feminicidios o violaciones. Su discurso resalta una perspectiva punitiva que prioriza el castigo frente a opciones de resocialización. Callejas comentó que esta reforma es una garantía para las familias salvadoreñas, enfatizando que quienes han generado sufrimiento y miedo en la sociedad deben afrontar consecuencias severas, sugiriendo un claro enfoque de cero tolerancia hacia la delincuencia.
La próxima fase de la reforma requiere que el Congreso ratifique la iniciativa en otra sesión plenaria para que la modificación constitucional se haga efectiva. La rapidez con la que se pretende impulsar esta reforma ha despertado tanto apoyo popular como preocupación por parte de activistas de derechos humanos. Con un contexto de alta criminalidad y una creciente demanda de seguridad, el respaldo a Bukele parece estar fortalecido, aunque el debate sobre el respeto al debido proceso y los derechos de los condenados seguirán siendo temas vestigiales en la discusión política salvadoreña.
