La reciente declaración de estado de emergencia por parte del gobierno de Panamá, coincidiendo con el despido de 5,000 trabajadores por parte de Chiquita, reaviva la controversia sobre la historia de esta multinacional en América Latina. El fallo del tribunal de Florida del 10 de junio, que responsabiliza a Chiquita Brands por su participación financiera en ocho asesinatos perpetrados por grupos paramilitares en Colombia, subraya la larga y turbulenta relación de la empresa con la violencia y la explotación. Este veredicto no es aislado; representa solo uno de los muchos casos legales que la empresa enfrenta en Estados Unidos, reflejando un patrón de conducta cuestionable a lo largo de su historia en la región.
Chiquita, heredera de la United Fruit Company, ha estado en el centro de la controversia desde su fundación. En 2007, la compañía admitió haber pagado $1.7 millones de dólares al grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), alegando que lo hizo para proteger sus operaciones en un contexto de extorsión y violencia. A pesar de reconocer estos pagos, que finalmente la llevaron a una multa de $25 millones, la empresa sigue sosteniendo la falta de base legal en las reclamaciones actuales. Este episodio resalta cómo las multinacionales pueden, y a menudo lo hacen, operar en contextos donde los derechos humanos y la justicia social son vulnerados.
La historia de Chiquita no solo está marcada por su modelo de negocio, sino también por su profundo impacto en la política y economía de los países donde opera. Desde sus inicios en el siglo XIX con Minor Keith, la empresa logró establecer un control significativo sobre vastas extensiones de tierra y recursos. La influencia de Chiquita fue tal que, durante décadas, dominó el paisaje económico y político, muchas veces desplazando a los gobiernos locales o influenciándolos para que tomaran decisiones favorables a sus intereses, como lo evidencian la masacre de las bananeras en 1928 y el golpe de Estado en Guatemala en 1954.
La masacre de 1928, resultante de un conflicto entre trabajadores y la United Fruit Company, marcó un hito que evidenció las malas condiciones laborales y el brutal manejo que la empresa tenía sobre su fuerza laboral. Las huelgas en las plantaciones finalmente llevaron a una represión violenta, que causó la muerte de miles de trabajadores. A pesar de ser una de las empresas más poderosas de su tiempo, este evento subraya la contradicción entre el éxito de Chiquita y el costo humano de su explotación. Es un recordatorio de que el crecimiento económico no siempre se traduce en desarrollo equitativo para todos.
Finalmente, la evolución de Chiquita Brands en las últimas décadas, desde su transición y rebranding hasta su situación actual, refleja un intento de distanciarse de su legacy de violencia y corrupción. Sin embargo, el reciente fallo en Florida hace evidente que estas sombras del pasado todavía persiguen a la compañía y plantean serias preguntas sobre su compromiso con la responsabilidad social. A más de un siglo de su fundación, Chiquita continúa siendo una figura polarizadora en la historia económica de América Latina, un símbolo tanto de innovación como de explotación.
