La Ley de Inclusión Laboral, promulgada en abril de 2018, establece que las empresas con 100 o más empleados deben contratar al menos un 1% de personas con discapacidad. Sin embargo, fue necesario crear nuevas normas para asegurar su cumplimiento.
El Decreto 36 entró en vigencia en diciembre de 2023 y facilita la fiscalización por parte de la Dirección del Trabajo, fortaleciendo así el cumplimiento de la Ley de Inclusión Laboral. Este decreto establece medidas claras y concretas para que las empresas cumplan con la legislación, por ejemplo, que las personas con discapacidad estén contratadas durante todo el año.
Las multas para empleadores que no cumplan con dicha ley, pueden llegar a las 40 UTM en el caso de la Pymes, y hasta 60 UTM para las grandes empresas.
Camilo Órdenes, académico de la Universidad de las Américas y especialista en temas de inclusión laboral, aborda la importancia de la fiscalización y las medidas que se implementarán con el fin de reforzar la Ley de Inclusión Laboral.
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