En un nuevo giro dentro de la intrincada investigación del Caso Hermosilla, el 23 de octubre se realizó un allanamiento en las oficinas del Conservador de Bienes Raíces de Chillán, Yamil Najle. La acción, llevada a cabo por la Brigada de Delitos Económicos de Carabineros (OS9), tiene relación con las transferencias financieras realizadas por Najle a la cuenta de Gonzalo Migueles, esposo de la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco. Según confirmó la Fiscalía Regional de Los Lagos, este tipo de diligencias son parte fundamental del esclarecimiento de los hechos que rodean este caso que ha capturado la atención del público y de los medios de comunicación.
El operativo del OS9 duró más de cuatro horas y concluyó con la incautación de documentos tanto físicos como digitales. Las pesquisas se centran en cinco giros consecutivos de $5 millones cada uno que Najle hizo a Migueles entre el 17 y el 19 de julio de 2024, justo después de asumir su función como Conservador de Bienes Raíces en Chillán. La cercanía temporal de estas transacciones a su reciente nombramiento ha despertado sospechas sobre posibles vínculos de favoritismo o corrupción dentro de la judicatura.
La investigación factible se complica aún más al relacionar a Najle con importantes figuras del derecho chileno. Documentos recopilados por CIPER revelan la conexión entre Najle, el abogado Luis Hermosilla, y el ministro de la Corte de Apelaciones Antonio Ulloa, además de Vivanco, quien parece estar en el centro de esta red de influencias. Una figura clave en esta trama es la jueza Paulina Gallardo, quien, tras su designación facilitada por Ulloa, participó en la votación que permitió el nombramiento de Najle en su actual cargo.
La exministra Ángela Vivanco se ha defendido ante estas acusaciones, indicando que su esposo, Gonzalo Migueles, ha prestado servicios a Najle y su familia desde 2022 mediante boletas de honorarios, asegurando desconocer los detalles de las transferencias. Vivanco también destacó que su relación con Najle es meramente social, habiéndose conocido en un almuerzo en Talca en 2021. Sin embargo, su proximidad al grupo de influencias que rodea a Najle, Ulloa y Migueles plantea serias dudas sobre la imparcialidad de las decisiones judiciales en Chillán.
Con la investigación en curso y una serie de diligencias programadas, el caso Hermosilla continúa revelando una compleja red de relaciones entre figuras del sistema judicial chileno que podrían apuntar a un sistema de favoritismo. Las imágenes y testimonios que han salido a la luz están creando un fuerte debate sobre la ética en la administración de justicia, mientras que la justicia misma intenta desenredar los hilos de esta preocupante situación. Las repercusiones de estas investigaciones podrían tener implicaciones significativas para el futuro de los involucrados y la confianza del público en el sistema judicial.
