La Contraloría General de la República ha respondido a una grave denuncia presentada por Gloria Cayupi González, representante de la comunidad mapuche, que señala vicios significativos en el proceso de consulta indígena liderado por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Esta denuncia, ingresada el 29 de agosto, expone incumplimientos a la Ley de Compras Públicas y al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), subrayando la necesidad de una revisión exhaustiva de los procedimientos seguidos por las autoridades competentes en la materia. La situación suscita preocupación y pone de relieve las tensiones históricas existentes entre el Estado chileno y los pueblos originarios.
Cayupi denuncia que la resolución del Ministerio, publicada el 3 de julio de 2025, valida la adquisición de tierras para el pueblo mapuche sin que se haya realizado una consulta adecuada con los miembros de la comunidad. De acuerdo con lo estipulado en el Convenio 169 de la OIT, es imperativo llevar a cabo consultas libres, previas e informadas; sin embargo, la alegada falta de participación de la CONADI en este proceso se considera un acto arbitrario que atenta contra los derechos colectivos del pueblo mapuche. Esta omisión es vista como un reflejo del desdén institucional hacia las tradiciones y derechos de las comunidades indígenas, incrementando el riesgo de conflictos futuros.
Entre las serias acusaciones contenidas en la denuncia se encuentra también la deficiencia en la garantía de cumplimiento en el proceso licitatorio. Se observó que no se exigieron las garantías necesarias estipuladas en la Ley de Compras Públicas, como la garantía de fiel cumplimiento del 5% y la garantía de seriedad de la oferta del 3%. Esta falta de requisitos no solo contraviene la normativa, sino que eleva considerablemente los riesgos involucrados tanto para el Estado como para la correcta ejecución del proyecto, poniendo en evidencia un patrón recurrente de irregularidades que amenaza la transparencia y la probidad administrativa en las licitaciones públicas.
Además de las irregularidades relacionadas con las garantías, la denuncia destaca comentarios controversiales realizados por el secretario ejecutivo para La Araucanía, quien optó por extender el proceso de consulta hasta 2026. Esta decisión sumó más incertidumbre al proceso y fue interpretada como una falta de planificación y seriedad. Las comparaciones inapropiadas entre la “Posta de Estado” y los decretos presidenciales por parte de este funcionario también causaron malestar en la comunidad mapuche y socavaron la legitimidad del proceso de consulta, que debe estar basado en el respeto y el diálogo.
Frente a esta situación, la denuncia ha generado una fuerte demanda por parte de la comunidad mapuche para que se detenga inmediatamente la consulta hasta que se realice una investigación exhaustiva sobre las irregularidades señaladas. La exigencia de mayor transparencia y la revisión de las bases de licitación ha cobrado fuerza, lo que resalta la importancia del respeto a los derechos de los pueblos indígenas en Chile. La Contraloría General de la República deberá ofrecer una respuesta oportuna y efectiva que no solo corrija las irregularidades denunciadas, sino que también restablezca la confianza en el proceso administrativo y garantice el respeto a los derechos fundamentales reconocidos por el Convenio 169 de la OIT.
