Desde la comuna de Nueva Imperial, el 30 de agosto de 2025, las comunidades mapuche han expresado su enérgico rechazo a la Consulta Indígena convocada por el Estado chileno. Considerando el proceso como carente de claridad y legitimidad, los líderes comunitarios han manifestado su desacuerdo desde un principio. En una reunión celebrada en Txaytxayko, surgieron tensiones internas sobre la manera de comunicar este descontento, especialmente al tratar la situación de los ‘presos políticos mapuche’. Algunos dirigentes, argumentando que temas como la prisión política no debían ser incluidos, reafirmaron su postura de que solo se debía abordar la cuestión territorial. Sin embargo, esta división, lejos de limitar el rechazo, terminó en un consenso que culminó en la elaboración de un comunicado oficial que expresa el descontento por la Consulta Indígena.
Las comunidades presentes, incluidos los Lof Ñancucheo y Manuel Kallfüll, denunciaron en su comunicado que la situación de los presos políticos es intrínseca a la lucha territorial de su pueblo. Subrayaron que el actual Consejo de Paz y Entendimiento ha intensificado políticas represivas como el Estado de Excepción en Wallmapu, y han enmarcado la aprobación de leyes regresivas que facilitan el despojo y la criminalización de su resistencia. Entre las legislaciones mencionadas, destacan la ley de usurpación y la ley antiterrorista, que han sido utilizadas como herramientas para favorecer a sectores económicos como la industria forestal, al tiempo que agravan la militarización en los territorios mapuche.
En una crítica contundente, las comunidades mapuche recalcaron que este proceso de Consulta se aleja de los estándares internacionales establecidos en el Convenio 169 de la OIT. Exigen que cualquier proceso de consulta reconozca los derechos colectivos y la autodeterminación de su pueblo. Argumentaron que la planificación territorial debe atender a sus propias estructuras y tradiciones, como el lof y el fütalmapu, en lugar de estructurarse a partir de divisiones administrativas impuestas por el Estado. Esta falta de reconocimiento resulta en una exclusión adicional de sus realidades y necesidades, lo que profundiza aún más su descontento.
Refiriéndose a la situación de los presos políticos, las comunidades enfatizaron que la memoria histórica es esencial para preservar la identidad mapuche. Recordaron que aquellos que olvidan a sus mártires y a los encarcelados se convierten en un sector social marginado, manipulable por intereses externos. Estas comunidades afirman que cualquier proceso legítimo de consulta debe contar con condiciones mínimas, que incluyen la derogación de leyes consideradas antimapuche, la revisión judicial de las causas que afectan a los integrantes de su pueblo, y un reconocimiento pleno de su propuesta de consulta que tenga efectos vinculantes.
Finalmente, el comunicado de las comunidades mapuche de Nueva Imperial no solo rechaza el actual procedimiento de consulta, sino que también señala un trasfondo de negación de derechos históricos y colectivos que caracteriza la relación del Estado chileno con el pueblo mapuche. La declaración reitera que las demandas mapuche son necesarias para construir un futuro de paz y diálogo verdadero, libre de militarización y hostigamiento. Estas comunidades claman por un abordaje realista y participativo que respete su identidad, cultura y derecho a la autodeterminación, subrayando la importancia de abordar las raíces de sus luchas por una convivencia digna y justa.
