La creciente preocupación por el empleo en Chile ha alcanzado un nuevo nivel, tras el aumento del desempleo al 9,4% a nivel nacional, la cifra más alta en cinco años. Diversas organizaciones han expresado su alarma, destacando que las empresas podrían pausar la contratación inclusiva, lo que afectaría gravemente a las personas con discapacidad. Según Belén Huerta Venegas, cofundadora de la Fundación Kosmo Inclusión, este grupo vulnerable enfrentará las consecuencias más severas, ya que las empresas tienden a establecer barreras de acceso más altas durante tiempos de escasez laboral, perpetuando así la exclusión de las personas con discapacidad del mercado laboral.
A medida que el presidente José Kast reconoce que el país atravesará meses difíciles en términos de empleo, la crítica hacia las políticas gubernamentales se intensifica. Huerta apeló a que las actuales medidas de contingencia se concentran en el desempleo general, ignorando la situación particular de aquellas personas que, debido a su discapacidad, tienen menos oportunidades para acceder a trabajos formales. Con una brecha de participación laboral que supera los 20 puntos porcentuales, es evidente que la situación laboral de las personas con discapacidad es un tema crucial que necesita mayor atención por parte del Estado.
Las cifras respaldan la urgencia de esta realidad, destacando que aproximadamente el 17,6% de la población adulta en Chile, equivalente a unos 2,7 millones de personas, vive con alguna forma de discapacidad, pero solo el 46,9% de este grupo se encuentra empleado. Por comparación, la tasa de ocupación para personas sin discapacidad alcanza un 65,3%. Esta disparidad resalta la necesidad de políticas efectivas que promuevan la inclusión, en vez de permitir que las crisis económicas refuercen la exclusión laboral de este segmento poblacional.
En un contexto donde la discusión económica en el Congreso se centra en la megarreforma y la flexibilización laboral, la Fundación Kosmo Inclusión cuestiona la visión predominante que prioriza la adaptación de las leyes a las demandas del mercado. Según su perspectiva, en momentos de crisis, es crucial fortalecer las políticas que fomenten la inclusión laboral, ya que los mercados diversos son más sostenibles y resilientes. A pesar de que existe una legislación que exige a las medianas y grandes empresas contratar al menos un 1% de personas con discapacidad, el cumplimiento de esta norma sigue siendo insuficiente, alcanzando solo entre el 48% y el 50% de las entidades obligadas.
La Ley 21.690, que contempla un aumento de la cuota de contratación al 2%, enfrenta dificultades para su implementación, ya que está condicionada al cumplimiento previo de la cuota básica por parte de las empresas. Este estancamiento representa un obstáculo para que las personas con discapacidad puedan acceder al mercado laboral de manera equitativa. La Fundación Kosmo Inclusión y otras organizaciones afirman que es momento de avanzar hacia una inclusión real y efectiva, reclamando al gobierno una atención genuina a las condiciones laborales de este grupo históricamente marginado.
