La Comisión Ingresa ha presentado su cuenta pública de 2025, revelando que el monto destinado al financiamiento de aranceles a través del Crédito con Aval del Estado (CAE) alcanzó cifras récord. Desde su creación en 2006, más de 1 millón 337 mil personas han solicitado este crédito, y el año pasado, un total de 59,6 mil estudiantes completaron el proceso de asignación y firmaron sus contratos, lo que marca un incremento significativo de 1,5 mil nuevos beneficiarios en comparación con 2024. Con esta reciente ola de solicitudes, el monto total de aranceles financiados se eleva a 155.800 millones de pesos, la cifra más alta registrada desde el inicio del programa, poniendo de relieve las crecientes dificultades económicas y el costo de la educación en el país.
El informe también destaca que un 55% del total de los nuevos créditos otorgados ha sido destinado a financiar aranceles de estudiantes que se identifican con el género femenino. En 2025, las solicitudes de este grupo recibieron financiamiento que ascendió a aproximadamente 82,6 mil millones de pesos, mientras que los hombres recibieron alrededor de 68,2 mil millones. Este dato evidenciaría un esfuerzo por parte del sistema educativo y financiero por equilibrar la representación de género en el acceso al financiamiento para estudios superiores, aunque la diferencia aún es notable.
La cuenta pública de Ingresa también revela que más de un millón de personas se encuentran actualmente en etapa de pago del CAE, de las cuales el 78% son egresados de educación superior y el 22% corresponde a quienes abandonaron sus estudios sin titularse. El saldo global total de la deuda asciende a 237 millones de UF, representando una carga financiera significativa para los deudores, lo que refleja cómo el sistema ha afectado tanto a quienes completaron su educación como a aquellos que desertaron antes de obtener un título.
Los desafíos en la participación del sector financiero en el sistema del CAE han sido evidentes. La cuenta pública indica que se ha observado una disminución en la participación de los bancos en la licitación de nuevos créditos y una creciente tendencia a vender su cartera de créditos al Fisco, así como una intensificación en el cobro de garantías. Esto ha resultado en que el Estado ahora concentre el 71% de los recursos del CAE, mientras que los bancos y las instituciones de educación superior representaban el 22% y el 7% respectivamente. Este fenómeno ilustra una creciente dependencia del Estado en un sistema que ya enfrenta tensiones por la morosidad.
Finalmente, se reporta un máximo histórico en la tasa de cobro de garantías del CAE, que ha mostrado un aumento constante desde 2015, alcanzando un alarmante 84% en 2025. Esto indica que la gestión de la deuda estudiantil está en crisis, siendo aún más problemática la reciente controversia sobre las acciones del Tesorería General de la República, que ha vaciado cuentas bancarias de deudores justo después de que percibieran sus remuneraciones. A pesar de estas críticas, la morosidad ha incrementado un 3% entre los egresados y un 1% entre desertores en comparación con el año anterior, lo que deja un panorama incierto para la sostenibilidad del sistema de financiamiento educativo en Chile.
