La ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, y el director general de la Policía de Investigaciones (PDI), Eduardo Cerna, se encuentran en el ojo del huracán tras la reciente solicitud de retiro a la subdirectora de Inteligencia, Crimen Organizado y Seguridad Migratoria, Consuelo Peña. Este entuerto no parece ser una simple coincidencia, sino más bien el resultado de una pugna interna por el control de la policía civil, vital en la lucha contra el crimen organizado. Según una investigación realizada por Reportea, las tensiones entre Steinert y los altos mandos de la PDI son más profundas y datan desde el segundo semestre del año pasado, momento en el cual se detectó una maniobra sistemática destinada a desacreditar tanto a Peña como a Cerna, con la complicidad de varios oficiales que operan en torno a la secretaria de Estado.
El análisis de la situación revela que el conflicto se intensificó tras el traslado de cuatro funcionarios, quienes trabajaron junto a Steinert cuando ocupaba el cargo de Fiscal Regional de Tarapacá. Esta decisión, tomada en enero de 2025 por Consuelo Peña tras un operativo exitoso contra el «Clan Chen», fue malinterpretada como la chispa que encendió la contienda. Sin embargo, Reportea subraya que se originó en una serie de alertas de corrupción, que apuntaban a estos mismos funcionarios. Así, las operaciones de contrainteligencia se convirtieron en el telón de fondo de una batalla interna que resuena con las desavenencias previas en la institución, dejando al descubierto la fragilidad de las relaciones entre los altos mandos.
Con la renuncia de Steinert al Ministerio Público y su ascenso como ministra de Seguridad, la situación adquirió un nuevo giro. Después de solicitar información sobre los traslados y recibir la respuesta, Steinert instó a Cerna a proceder con el retiro de Peña, esgrimiendo una conexión familiar de la subdirectora con un caso penal relacionado con tráfico de drogas. Esta decisión fue tildada de controvertida, con nexos evidentes a los argumentos de aquellos que criticaban a Cerna, lo que sugiere que el conflicto no es solo una pelea por puestos, sino que podría estar enraizado en un esquema más amplio de desinformación y conflicto de intereses.
Un elemento clave en esta crisis de liderazgo es el grupo conocido como «Los Lobos», compuesto por oficiales que han trabajado codo a codo con Steinert. Este grupo ha ejercido una fuerte oposición a Cerna, reforzando aún más la percepción de una guerra interna en la PDI. La cercanía de algunos miembros de «Los Lobos» con tiempo de servicio y conexiones políticas crea un entramado que complica la situación, dejando a Cerna con pocos recursos para contrarrestar esta ofensiva. La investigación sugiere que estas dinámicas de poder son cada vez más visibles, transformándose en un factor determinante en el entorno de la seguridad nacional.
Finalmente, la presión sobre Cerna se intensifica ante la inminente citación a la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados. En este escenario, su opciones se reducen: puede optar por desmentir la narrativa del gobierno, lo que lo marginaría de la PDI, o puede seguir la línea oficial y aceptar la responsabilidad por el retiro de Peña, lo que socavaría su autoridad ante los miembros del cuerpo policial. Mientras tanto, la ministerio de Steinert parece fragilizar una unidad crucial dentro del gobierno encargada de la coordinación y manejo de información vital ante la creciente inseguridad. Teniendo en cuenta estas tensiones y las próximas interpelaciones, el panorama político y de seguridad en el Perú se vislumbra turbio, con interrogantes sobre quién realmente está en el control y cuáles son los verdaderos intereses en juego.
