A través de una declaración pública, diversas agrupaciones de tomas y campamentos han convocado a una movilización nacional para exigir el establecimiento de comunidades y criticar la falta de acción del Estado en relación al déficit habitacional en Chile. Estas organizaciones afirman que la vivienda digna es un derecho básico que debe ser defendido con firmeza. En este contexto, los grupos han expresado su descontento con un modelo económico que, según ellos, favorece la avaricia de empresarios y dueños de tierras, a expensas de los derechos de la población. Relatan con preocupación cómo esta situación ha llevado a la criminalización de quienes buscan soluciones habitacionales adecuadas, un fenómeno emblemático evidenciado en el reciente desalojo en Curanilahue.
Nelson Carroza-Athens, sociólogo y coordinador del Observatorio de Participación Social y Territorio de la Universidad de Playa Ancha, se ha sumado al análisis de esta problemática, subrayando la relevancia de la movilización como una clara señal de la crisis de la vivienda en el país. El especialista afirma que estos actos de protesta son solo «la punta del iceberg» de una compleja realidad donde una gran parte de la población se encuentra imposibilitada de acceder a una vivienda adecuada. Carroza-Athens enfatiza que la movilización pone de relieve no solo la precariedad habitacional, sino también sus profundas repercusiones sociales, que afectan a miles de familias que luchan diariamente por un lugar donde vivir dignamente.
La declaración emitida por las agrupaciones también resalta cómo la ausencia de viviendas dignas contribuye a agravar problemáticas como la violencia intrafamiliar y la drogadicción. Según indican, el acceso a espacios habitacionales adecuados no solo promueve la seguridad y bienestar de los niños, sino que también permite el cuidado de adultos mayores y familiares enfermos. Con esto, enfatizan que la lucha por una vivienda digna es «irrenunciable», ya que se ha convertido en un requisito básico para el desarrollo humano y social. Carroza-Athens subsana esta perspectiva al señalar que la crisis no es únicamente un problema individual, sino un reflejo de la insuficiencia en la provisión de viviendas adecuadas por parte del Estado.
El colectivo sostiene que la crisis habitacional es resultado de un sistema en el que los «dueños de la tierra y el capital» se benefician desproporcionadamente. Critican cómo estos actores, incluidos constructoras, inmobiliarias, latifundistas y bancos, han especulado con el valor del suelo y han impuesto condiciones que aseguran sus ganancias a costa del bienestar social. Además, las agrupaciones denuncian el aumento de las exigencias para postular a comités y cooperativas de vivienda, como el incremento del ahorro y las altas tasas de endeudamiento, aspectos que perpetúan la exclusión de las familias más vulnerables en el acceso a la vivienda.
Ante la creciente necesidad de soluciones habitacionales, las agrupaciones defienden la autogestión en las tomas y campamentos como una respuesta viable. Tal perspectiva es respaldada por Carroza-Athens, quien advierte que si las políticas públicas no son efectivas, es probable que el repertorio de acción de estas comunidades se expanda. Critica, además, cómo el debate sobre la vivienda ha quedado atrapado en la criminalización y estigmatización de quienes habitan campamentos. En este marco, han programado una movilización nacional para el viernes 26 de septiembre a las 11:00 horas, con el objetivo de visibilizar sus demandas, comenzando en las afueras del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y marchando hasta el Palacio de La Moneda.
