La protesta programada para este viernes 26 de septiembre, frente al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, es parte de un llamado nacional que busca detener los desalojos de familias vulnerables sin una solución definitiva a la crisis habitacional que enfrenta Chile. Agrupaciones que representan tomas y campamentos argumentan que el Estado ha fallado en garantizar derechos fundamentales y que su complacencia con constructoras e inmobiliarias ha llevado a la especulación del suelo, exacerbando la situación. Al marchar hacia el Palacio de La Moneda, los manifestantes buscan visibilizar su mensaje y exigir el cumplimiento de los tratados internacionales de Derechos Humanos firmados por el país, que obligan al gobierno a respetar la dignidad y las necesidades de quienes habitan en situaciones precarias.
María José Díaz, presidenta del comité de vivienda Avanzando por una Realidad y vocera del campamento Dignidad de La Florida, ha sido clara en que no se trata de un capricho, sino de un deber estatal: «No estamos pidiendo que se prioricen las comunidades, sino que se cumplan los tratados internacionales sobre desplazamientos forzados», destacó. Su declaración surge en medio de un alarmante aumento del déficit habitacional en el país, donde miles se ven forzados a buscar refugio en condiciones indignas. El desalojo ocurrido en Curanilahue, denunciado por las agrupaciones como un acto de criminalización, ha encendido aún más la indignación entre quienes luchan por sus derechos.
Desde San Antonio, Valeska Vega, presidenta de la organización Suyai, comparte la inquietud de muchas otras líderes de la sociedad civil, afirmando que el objetivo de la movilización es «ocasionar un impacto social» y evidenciar la ineficacia de un Estado que, en lugar de proteger a sus ciudadanos, se alía con grandes constructoras. Las dirigentas critican abiertamente el sistema de especulación que beneficia a «dueños de la tierra y grandes intereses financieros», afirmando que este es el verdadero motor detrás de la crisis habitacional que persiste en el país, una situación que obliga a las familias a enfrentar la inseguridad en sus hogares.
Frente a la inacción del gobierno y la escasez de viviendas dignas, muchas comunidades han decidido optar por la autogestión como una forma de resistencia. Díaz resalta que esta alternativa «seguirá abriendo caminos» en lugar de aceptar pasivamente las condiciones impuestas. Para las líderes sociales, la autogestión es considerada no solo una solución, sino una poderosa forma de lucha que demuestra la unión y la resiliencia de comunidades que no tienen más opción que hacer frente a la crisis por sí mismas.
Finalmente, las líderes sociales invitan a la población a reflexionar sobre las graves consecuencias de la criminalización y la sistemática ejecución de desalojos. Valeska Vega enfatiza que «nadie tiene idea del daño que causan» y recuerda que las tomas han sido, históricamente, una respuesta legítima ante la crisis habitacional. También advierte sobre la normalización de créditos hipotecarios que perpetúan el endeudamiento a largo plazo, beneficiando únicamente a la élite económica. Ambas activistas son firmes en su demanda de que no se realicen más desalojos, hasta que el Estado ofrezca soluciones concretas y definitivas a las familias que realmente las necesitan.
