La Corte Suprema de Justicia de Argentina ha confirmado la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien se vio envuelta en un escándalo de administración fraudulenta en perjuicio del Estado. Este veredicto se relaciona con la otorgación irregular de contratos de obras viales que beneficiaron a su socio y presunto testaferro, Lázaro Báez, durante su mandato entre 2007 y 2015. A pesar de su condena, Kirchner, quien se encuentra en la posición de presidenta del Partido Justicialista, ha manifestado su intención de participar en las próximas elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, la decisión de la Corte significa que su camino hacia las elecciones se encuentra bloqueado, dado que la inhabilitación perpetua la imposibilita de ocupar cualquier cargo público.
La condena de Kirchner responde a la conocida ‘causa Vialidad’, en la que se la acusó de haber manipulado licitaciones en favor de Austral Construcciones, una firma de construcción vinculada a su familia. La Fiscalía argumentó que durante más de una década, esta empresa recibió un número desproporcionado de adjudicaciones públicas en la provincia de Santa Cruz, originando un abuso de poder que perjudicó al Estado en más de mil millones de dólares. Además, sólo un pequeño porcentaje de las obras adjudicadas fueron finalizadas a tiempo, mientras que muchas no llegaron a completarse, lo que plantea serias preocupaciones sobre la gestión pública durante su administración.
A pesar de las contundentes pruebas presentadas durante el juicio, Kirchner ha sostenido firmemente su defensa, argumentando que no existe evidencia suficiente que la vincule directamente con los actos de corrupción por los cuales fue condenada. En sus declaraciones, afirmó que las decisiones sobre las licitaciones y contratos son competencias de otros funcionarios, como el jefe de Gabinete. Esta línea de defensa ha buscado desviar la responsabilidad hacia otros actores políticos, y Kirchner ha sugerido que el Tribunal debió haber juzgado al primer jefe de Gabinete del kirchnerismo, Alberto Fernández, quien tuvo un papel crucial en la gestión del presupuesto durante su gobierno.
A medida que se profundiza el escándalo, los recientes comentarios de Kirchner han resonado fuerte entre sus seguidores y adversarios. Sostiene que es víctima de una persecución política, comparando su situación con líderes latinoamericanos como Luiz Inácio Lula da Silva y Rafael Correa, quienes también enfrentaron acusaciones de corrupción, y ha denunciado una campaña en su contra que busca silenciarla. En un discurso reciente, afirmó que sus perseguidores quieren verla «presa o muerta», lo que refleja su renacimiento como una figura desafiante, a pesar de las adversidades y el contexto judicial en el que se encuentra.
El impacto de la condena de Kirchner en el paisaje político argentino es significativo, especialmente considerando su papel como líder del peronismo y su relación con los votantes en la provincia de Buenos Aires. Mientras sus seguidores se movilizaron en su apoyo, cortando accesos a la ciudad de Buenos Aires, la respuesta del gobierno del presidente Javier Milei también se vuelve crucial, ya que intentan afianzar su autoridad ante un claro reto que presenta la figura política de Kirchner. Con la confirmación de su condena, muchos observadores políticos anticipan un ambiente electoral tenso y divisivo, donde las cuestiones de corrupción y el legado kirchnerista estarán en el centro del debate.
