En medio de una campaña internacional contra el gobierno de Nicolás Maduro, María Corina Machado ha hecho una grave acusación, señalando que el mandatario venezolano estaría enviando criminales a otros países con la intención de generar inestabilidad. Esta declaración, realizada en una entrevista con el medio chileno T13 En Vivo, refleja la desesperación de la oposición venezolana y su deseo de deslegitimar al gobierno de Maduro. Sin embargo, la acusación de Machado contrasta con otros eventos históricos que evidencian la complejidad de la relación entre la política y el crimen organizado en la región, cuestionando la veracidad de su planteamiento.
Machado realizó un llamado directo a Chile, instando a su gobierno a tomar una postura firme contra el régimen de Maduro similar a la que han tenido frente al crimen organizado, en particular con respecto al Tren de Aragua. Su posicionamiento busca diferenciar entre la diáspora venezolana conformada por profesionales y ciudadanos de bien, y una supuesta mínima porción de criminales que Maduro ha enviado al extranjero. Sin embargo, esta narrativa selectiva ignora una serie de eventos que vinculan a la oposición misma con redes criminales, particularmente el episodio conocido como el «Cucutazo».
El «Cucutazo» se refiere a un encuentro significativo que ocurrió en febrero de 2019 en Cúcuta, Colombia, donde Sebastián Piñera, Iván Duque y Juan Guaidó se reunieron en un concierto que buscaba movilizar apoyo internacional para la causa opositora. La polémica surge cuando se revela que Guaidó cruzó la frontera con la ayuda de grupos criminales, incluyendo a Los Rastrojos, lo que no solo cuestiona la integridad del proceso de oposición, sino que también expone cómo el crimen organizado ha permeado las dinámicas políticas en la región.
Los reportes de InSight Crime y El Espectador sugieren que la relación entre Guaidó y estas bandas criminales no fue fortuita. En fotografías difundidas por fuentes confiables, se observa a Guaidó con miembros de Los Rastrojos, quienes supuestamente facilitaron su traslado. Esta conexión pone de relieve una preocupante convergencia entre intereses políticos y criminales, sugiriendo que el apoyo a la oposición venezolana no llega sin costo y que el instrumentalizar el crimen puede ser un recurso utilizado por distintos actores en la política regional.
La denuncia unidimensional de Machado, que atribuye toda la culpa y responsabilidad al régimen de Maduro, ignora los vínculos complicados entre la oposición y las redes criminales. Al impulsar una narrativa excluyente que evita la responsabilidad histórica de su propio sector, Machado no solo diluye la gravedad de sus afirmaciones, sino que también fragiliza la legitimidad de la lucha opositora. En este contexto, resulta crucial que se reconozcan los múltiples actores y factores involucrados en la crisis venezolana, así como el papel que el crimen organizado ha tenido en la política latinoamericana, desafiando las simplificaciones que tienden a polarizar la discusión.
