Este martes, la Fiscalía Metropolitana Centro-norte presentó formalmente la acusación fiscal en contra de Daniel Jadue Jadue, exalcalde de Recoleta, debido a su involucramiento en el caso de la Asociación Chilena de Municipalidades de Farmacias Populares (Achifarp). Según información reportada por BioBioChile, Jadue se enfrenta a un cúmulo de acusaciones que incluyen delitos de fraude al fisco, estafa, cohecho y otros cargos contemplados en el artículo 463 del Código Procesal Penal. De ser hallado culpable, el exedil podría enfrentar una condena superior a los 18 años de prisión y perder su capacidad para ejercer cargos públicos en el futuro, lo que podría marcar un punto de inflexión en su carrera política.
La acusación fiscal detalla que, por el delito de fraude al fisco, Jadue podría recibir una pena de 12 años de cárcel, acompañada de una multa de 8.787 UTM, que equivale a la mitad del daño causado. Además, enfrenta 10 años de inhabilitación para ocupar cualquier puesto en el ámbito público. En relación a la estafa, la Fiscalía ha solicitado una pena de 3 años y 1 día de presidio menor y una multa de 21 UTM. Por lo que respecta al cohecho, se requiere una condena de 820 días de reclusión menor, con una multa de $19.000.000 y 5 años de inhabilitación. Por último, el delito concursal ha llevado a la Fiscalía a solicitar una pena adicional de 541 días de presidio menor.
La investigación de este caso ha sido exhaustiva y se ha extendido por más de cuatro años, lo que subraya la complejidad y seriedad de las acusaciones. La situación legal de Jadue podría influir significativamente en sus aspiraciones futuras en la esfera política. Si su estatus legal pasa de imputado a acusado, esto obligará a que su situación sea evaluada por el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel). La urgencia de este proceso es notable, ya que el 18 de agosto se cierra el plazo para inscribir candidaturas, lo que le deja un margen muy estrecho para reaccionar.
La Constitución chilena estipula en su artículo 16 que una persona puede perder su derecho a voto si enfrenta acusaciones por delitos que conllevan penas aflictivas. Esto representa un golpe adicional a la reputación política de Jadue, quien ha aspirado a tener un papel relevante en el futuro del país. Las repercusiones de esta situación no solo podrían afectar su carrera, sino también influir en las elecciones y la percepción pública sobre el manejo de recursos en instituciones vinculadas a la municipalidad.
No obstante, cabe mencionar que, junto a Jadue, otros individuos también están siendo acusados en el desarrollo del caso de Farmacias Populares. José Muñoz Becerra enfrenta severos cargos por fraude y malversación, mientras que otros como Raúl Moraga Lagarrigue y María Chadwick Sendra son acusados de fraude al fisco. Además, Álvaro Castro Robles ha sido imputado por cohecho. Es fundamental recordar que todos los imputados deben ser considerados inocentes hasta que la justicia dicte una sentencia en su contra, conforme se establece en el artículo 04 del Código Procesal Penal.
